Sumisión y saqueo

El mecanismo siempre es el mismo: endeudan al Estado para beneficio exclusivo del capital financiero local e internacional, que son los mayores tenedores de los títulos del Tesoro de la Nación. Esa deuda, toma una magnitud que es imposible de pagar con los recursos corrientes, entonces los acreedores piden a cambio el patrimonio nacional. 

No otra cosa es el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) que es un Estado dentro del Estado argentino, con sus propia leyes y normas, con justicia externa incluida el CIADI[1]. Que se extiende a más actividades y se profundiza al llamado “Super RIGI”, para priorizar la exportación en desmedro del mercado interno (no tienen la obligación de abastecer al mercado local), y que al quinto año no tienen la obligación de vender los dólares que exportan en la Argentina[2].

Obviamente también la obtención de las concesiones como las cuatro centrales del Comahue, el dragado y balizamiento del del Río Paraná, la licitación de las rutas nacionales, y la privatización de las empresas públicas de la ley 27.742 llamada “Ley Base” (ENARSA, NUCLEOELECTRICA ARG., YCRT, AYSA, BELGRANO CARGA, SOFSE) implican no solo ingreso de dólares para pagar los intereses de la deuda, sino su apoderamiento por un sector beneficiado del modelo.

En el interín ganan fortuna los compradores de esos títulos ajustables por inflación o tasas de interés, que propicia el FMI que, en la Segunda Revisión del acuerdo con ese organismo de créditos, por un lado, sugiere un mejor indicador de inflación que el IPC del INDEC y, por otra parte, que la tasa de interés de los bancos debe ser positiva (más alta que la inflación), asegurando la renta financiera a sus poseedores

Este proceso se vivió en nuestro país por primera vez en el llamado “rodrigazo” del 4 de junio de 1975, en que el nuevo equipo de economía devaluó el tipo de cambio en un 160%, el dólar paso a valer de $ 10 a $ 26.-; duplicó en promedio el precio de las tarifas de servicios públicos y el transporte; aumentó el precio de los combustibles en un 180%; y a cambio concedió un aumento salarial del orden del 45%, con ello desata un feroz proceso inflacionario y el descenso del nivel de actividad, con lo que el Estado recauda menos en términos reales y debe recurrir a los VANA (Valores Nacionales Ajustables por inflación) para financiarse, cuando el IPC de ese año fue de 183%

El “Rodrigazo” fue la antesala del camino de valorización financiera del capital que se refleja en la “dolarización” de la cultura argentina, es la huida hacia esa divisa la que destruye la capacidad de ahorro en moneda local, y sólo se compra títulos públicos en pesos, en el tramo que la inflación supera a la devaluación.

El mismo mecanismo plantea este gobierno administrado por Luis Caputo y Santiago Bausili, primero devaluaron más de un 100%, y después garantizan dos cosas, uno que la tasa de interés y/o la inflación sean mayor que la depreciación de la moneda, y dos, la compra de divisas y su fuga.

La prueba se observa viendo los ingresos y las compras de divisas en el gobierno actual

Ingresan divisas pero se vende más de la mitad a personas físicas (para pago de tarjetas de débito y de créditos en el exterior, turismo, la compra del auto tesla por el diputado nacional de Jujuy, depósitos de divisas en los bancos,  y fuga de capitales), que incluso va a ser mayor porque a partir de este año dejan que las empresas extranjeras giren sus utilidades a sus casa matrices, como reconoció el FMI y se auto elogió el presidente del BCRA, Santiago Bauisli, al decir que después de seis años se giraron al extranjero 1.600 millones de dólares  (no lo dijo, pero casi 1.000 millones transfirieron Chevron, Total, y Shell ).

 

Transformar todo en deuda pública

Este gobierno dice que solucionó el problema de déficit fiscal y de la “bomba” de las Leliq (Letras de liquidez del BCRA) transformándolo en deuda pública (en títulos del Tesoro de la Nación).  Eso explica porque la deuda bruta (en pesos y en divisas) que en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner había alcanzado a 222.703 millones de dólares, y en cambio, al 30 de abril de 2026 (último dato publicado por la Secretaría de Finanzas de la Nación), la deuda bruta asciende a 496.676 millones de dólares (más del doble).

En el gobierno de Cambiemos (2015-2019) se incrementa la deuda por 97.927 millones de dólares, de los cuales 44.559,9 millones de dólares es con el FMI.  En forma sistemática se fugan unos 86.200 millones, y las empresas que compraron esos dólares en su amplia mayoría, no lo pueden demostrar en sus ejercicios contables (evasión y fuga) fácilmente verificable con estudiar esos balances.  Pero ni la justicia, ni el poder ejecutivo, ni el poder legislativo, más allá que en este último caso tenía sanción del Senado de la Nación el proyecto encabezado por Oscar Parilli (Exp.0016-S-2022), que nunca fue llevado al recinto de la Cámara baja, que exigía su investigación.

El gobierno de Alberto Fernández (2019-2023) aceptó toda la deuda heredada de la gestión de Macri, no la investigó y la renegoció para que se pague, como la está pagando el pueblo argentino.

A la gestión del frente de Todos, debe sumarse la continuación y perfeccionamiento en el endeudamiento por la gestión de Caputo-Bausili:

1. El déficit fiscal del año 2023 de 4,7% del PIB (es en pesos, pero equivalente a 22.560 millones de dólares), fue financiado con títulos de deuda interna del Tesoro de la Nación, aumentando la deuda bruta argentina.
2. Finalmente, el reconocimiento de los fuertes intereses de los títulos del Tesoro de la Nación (ajustados generalmente por la inflación) que las cuentas públicas nacionales cubren menos del 20% que los mismos devengan, obligando a colocar títulos de deuda capitalizables

Por lo tanto, la deuda crece en forma sideral

Un nivel de deuda que crece exponencialmente mes a mes y que una devaluación no atenúa porque el pass through[3] haría que los títulos en pesos se beneficiarían con la inflación.

 

Sistema financiero argentino

Con el déficit del BCRA generado por los pasivos remunerados (Los LEBAC de Macri y los pases pasivos, Leliq y Notaliq del gobierno de Fernández) se hizo lo mismo, se convirtió en deuda pública, en títulos de deuda del Tesoro de la Nación

Dicho pasivo remunerado ascendía a 21.023.700 millones de pesos el 7 de diciembre de 2023 (último día hábil de la gestión del gobierno del Frente de Todos), convertido al tipo de cambio oficial de $ 400.- por dólar a esa fecha, eran equivalentes a 52.560 millones de dólares.

Los mayores tenedores de esos títulos de deuda de la Administración Nacional son los mismos bancos del sistema financiero argentino:

Por lo tanto, los bancos lograron pasar los pasivos remunerados del BCRA (que fue su principal fuente de ingresos en la gestión de Miguel Pesce y de todo el Directorio del BCRA que le pagó tasas positivas de interés sin que corran ningún riesgo, gobierno de Alberto Fernández), a ser hoy los acreedores del Estado Argentino, pero con los pies de barro, que significa que están financiados con los depósitos de sus clientes.

En una situación harto difícil en que el BCRA debe asegurarle a los bancos un pago mayor de los que ellos le abonan a sus depositantes, por ende, al ser la casi totalidad de esos títulos ajustados por inflación, la misma debe ser mayor que la tasa de interés pasiva (la que le pagan a sus depositantes), y a su vez esa tasa debe ser mayor que la devaluación de nuestra moneda, sino se pasarían a dólar.

Y los bancos son los que principalmente financian las Lecap y Boncap que suman al 30 de abril de 2026 es en pesos, pero la Secretaría de Finanzas los contabiliza en dólares 90.835 millones, suma que es casi igual al total del crédito al sector privado.  El sistema financiero financia fuertemente los intereses que la administración nacional no puede pagar (cobrando altas tasas por ello).

 

La deuda en divisas

El cuadro se agrava con la deuda en divisas, por su magnitud y sus vencimientos.  

 

En síntesis

La impagable deuda pública, sigue acrecentándose generando una exorbitante suma, que el gobierno, el FMI y las grandes empresas locales y extranjeras  pretenden cobrar con las empresas públicas y los recursos naturales que le pertenecen al pueblo argentino, tal como asevera nuestra Constitución Nacional y el Pacto Americano de DDHH  de San José de Costa Rica, que define que los recursos naturales son propiedad del pueblo, y los representantes y las administraciones que lo incumple, les cabe el Art. 29  de “infames traidore a la patria”