Reforma laboral: el combustible del despido barato
Dos informes del del Instituto Argentina Grande y un estudio de casos del sector petrolero, coinciden en que la nueva legislación es un regalo millonario para las corporaciones de Vaca Muerta. Mientras las petroleras ahorran fortunas en contribuciones e indemnizaciones, el Estado se hace cargo del agujero en la seguridad social y los trabajadores pierden derechos conquistados hace un siglo. La "modernización" de Milei es, en realidad, la licuación del salario indirecto y la consagración del despido como negocio.
El gobierno de Javier Milei prometió una "modernización laboral". Lo que entregó fue, en cambio, un manual de instrucciones para abaratar el despido, desfinanciar la seguridad social y transferir ingresos de los trabajadores a las grandes corporaciones. Dos informes recientes lo confirman desde ángulos complementarios. El primero, del Instituto Argentina Grande (IAG), titulado "Proyecto de modernización laboral: todo para atrás", desmenuza el articulado de la ley y denuncia un retroceso histórico en materia de derechos colectivos e individuales. El segundo, elaborado por el Estudio Carlos Soto & Asociados, aplica el nuevo régimen al sector petrolero de Neuquén y cuantifica en millones de pesos el ahorro empresarial. El corazón de Vaca Muerta late al ritmo de la precarización.
RIFL: la fiesta de las petroleras
El Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) es la joya de la corona. El informe del IAG es claro: "Se pasa de un esquema donde las grandes empresas pagan 20,4% y las PyMES 18%, a un esquema donde todas –independientemente de su facturación– pagan 5%". Un desplome de 13 puntos porcentuales que, en la práctica, significa que las empresas que operan en Vaca Muerta –YPF, Vista, PAE, Pluspetrol, Tecpetrol– dejarán de aportar miles de millones de pesos al sistema de seguridad social.
El estudio del Estudio Carlos Soto pone números concretos sobre la mesa. Para un empleado petrolero con remuneración inicial de 3 millones de pesos –un salario promedio en la industria–, las contribuciones patronales anuales pasan de 7.149.600 pesos a apenas 1.986.000 pesos. El ahorro por cada trabajador es de 4.170.600 pesos por año. Si la relación se extiende a tres años, el ahorro acumulado supera los 17 millones de pesos por empleado. Y si hablamos de una empresa con cinco trabajadores en esa condición, el ahorro total asciende a 100.954.920 pesos.
¿Alguien cree que esos 100 millones de pesos se van a traducir en más empleo o en mejores salarios? La experiencia indica que se convertirán en mayor rentabilidad para los accionistas, en dividendos que se fugan al exterior vía préstamos intrafirma y en engrosamiento de los activos financieros que estas empresas acumulan en paraísos fiscales. El informe del IAG lo advierte: "El Estado –a través del Tesoro– subsidiará el pago de indemnizaciones de las PyMES, pero también de las grandes multinacionales".
FAL: el fondo que amortigua el despido
El Fondo de Asistencia Laboral (FAL) es otro engendro de esta reforma. El IAG explica su mecánica perversa: "El empleador aporta un 3% del sueldo bruto al FAL, pero a cambio se reducen en 3 puntos porcentuales los aportes al SIPA. Es decir: el empleador deja de aportar a las jubilaciones y, en su lugar, destina ese dinero a un fondo que amortigua sus propias indemnizaciones". El resultado es una transferencia directa desde el sistema previsional –que ya está quebrado– hacia las cuentas particulares de las empresas.
El estudio del Estudio Carlos Soto muestra cómo opera el FAL en el sector petrolero. En el caso de un trabajador despedido al año, la indemnización es de 3.630.000 pesos. El empleador aportó al FAL 993.000 pesos. El fondo cubre esa parte, pero el empleador aún debe pagar de su bolsillo 2.637.000 pesos. Nada del otro mundo.
Pero el negocio se vuelve escandaloso cuando la empresa tiene varios empleados y despide solo a uno. En el caso de cinco trabajadores –con un solo despido al año–, el aporte total al FAL durante el primer año es de 4.965.000 pesos, mientras que la indemnización del despedido es de 3.630.000 pesos. Resultado: el empleador no pone un peso. El FAL cubre la totalidad y además le queda un saldo a favor de 1.335.000 pesos. La indemnización se paga sola. Y el empleador se lleva la diferencia.
El IAG lo resume con precisión: "Esto favorece a las empresas con mayor rotación, ya que el sistema les resulta más rentable que a aquellas con baja rotación". En otras palabras, la reforma premia a quienes más despiden. Es el paraíso del ajuste laboral.
Tercerización: la coartada perfecta
Otro de los puntos más nocivos de la reforma es la modificación del artículo 29 de la Ley de Contrato de Trabajo. El IAG señala: "Las empresas que contratan servicios de manera tercerizada dejan de ser responsables solidarias de las condiciones de trabajo de las personas que realizan esas labores. Solamente los empleadores directos pueden ser demandados".
En Vaca Muerta, la tercerización es moneda corriente. Una gran petrolera contrata a una empresa de servicios que, a su vez, contrata a otra, y así sucesivamente. El trabajador de fondo –el que está frente a la máquina, el que respira el polvo de la fractura, el que arriesga su salud– queda atado a una cadena de subcontratación donde la última empresa suele ser una PyME con poco capital. Si se accidenta o lo despiden injustificadamente, no puede reclamar a la gran corporación que se beneficia de su trabajo. Solo puede reclamar a la empresa chica, que probablemente ya desapareció o no tiene patrimonio. Es la externalización del riesgo laboral. Un sueño para las petroleras. Una pesadilla para los trabajadores.
Negociación colectiva y huelga: el fin de los derechos colectivos
El informe del IAG documenta un ataque frontal a la negociación colectiva. "Se permite que los convenios de empresa prevalezcan sobre los convenios de actividad aunque contengan cláusulas menos favorables. Se rompe el principio de norma más favorable". En la práctica, una petrolera puede imponer a sus trabajadores un convenio por empresa –negociado en privado, sin paritarias– que empeore las condiciones del convenio general de la actividad. Adiós a las escalas salariales, a las categorías, a los adicionales por antigüedad o por zona desfavorable. La empresa decide y el trabajador acepta, o se queda en la calle.
Además, se restringe el derecho de huelga. El IAG cita un estudio del CETyD (UNSAM) que estima que la cantidad de trabajadores que ven comprometido su derecho a huelga pasa del 7% al 43% de los trabajadores registrados. La razón: se amplía la lista de "servicios esenciales" (deben garantizar el 75% de las actividades durante una huelga) y se crea la categoría de "servicios trascendentales" (con un piso del 50%). Una comisión designada por el Ejecutivo puede sumar nuevas actividades sin control legislativo. ¿El sector energético? Seguro. ¿El petróleo? Ya está en la mira.
Trabajo en plataformas: el desamparo digital
La reforma también alcanza a los trabajadores de aplicaciones como Uber, Rappi o PedidosYa. El IAG es contundente: "A contramano del mundo, producto de no reconocer en ningún caso una relación laboral, el seguro de accidentes puede ser pagado por el propio trabajador según lo acuerden las partes". México, Chile, España, Italia –todos reconocen algún grado de laboralidad para los repartidores y conductores. Argentina, en cambio, los deja en la más absoluta indefensión. No hay salario mínimo, no hay aportes jubilatorios, no hay vacaciones, no hay licencias. El "prestador independiente" es, en los hechos, un trabajador sin derechos. Un siervo del algoritmo.
Costo fiscal: el agujero que pagamos todos
El IAG cuantifica el daño: "El CETyD estima que el costo fiscal de la reforma es de 2.500 millones de dólares anuales, que deberán ser cubiertos por el Tesoro". Ese dinero no aparece por generación espontánea. Sale de los impuestos de todos los argentinos. Es decir, el Estado –el mismo Estado que Milei dice que está en rojo– va a financiar el ahorro de las grandes empresas. Las petroleras se llevan la plata y el resto de la sociedad se hace cargo del agujero.
El informe del IAG cierra con una observación histórica lapidaria: "La experiencia argentina muestra que la creación de empleo no depende del costo de las indemnizaciones. El período de mayor creación de empleo registrado en el sector privado sucedió mientras estaba vigente la doble indemnización". Es decir, la reforma no va a generar ni un solo puesto de trabajo genuino. Solo va a abaratar el despido y a transferir ingresos hacia arriba.
Conclusión: el modelo en su esencia
La reforma laboral de Milei no es una "modernización". Es la profundización del modelo extractivista y dependiente que este gobierno impone en todo el territorio nacional. En Vaca Muerta, las petroleras ya festejan: menos aportes, indemnizaciones financiadas con fondos que antes iban a las jubilaciones, tercerización sin responsabilidad, convenios por empresa a la carta y trabajadores de plataformas sin ningún derecho.
Mientras tanto, los trabajadores de la construcción, la industria, el comercio y los servicios verán cómo sus salarios indirectos se licuan, cómo sus convenios colectivos pierden vigencia y cómo el derecho a huelga se convierte en un recuerdo. El gobierno de Milei lo llama libertad. Nosotros lo llamamos por su nombre: saqueo laboral, transferencia de ingresos a las corporaciones y consolidación de una Argentina de dos velocidades: una para los dueños del capital, otra para el resto.
La historia ya nos mostró dónde termina este camino. En 2001, el neoliberalismo dejó el país en ruinas. Hoy, con otra ropa, vuelven a vestir el mismo cadáver. Esta vez, no nos van a encontrar dormidos.