¿Qué esconde el Presupuesto Nacional 2027?

El presupuesto es el plan anual de un gobierno, presenta el conjunto de acciones que responde a un plan estratégico general que fija grandes objetivos y las distintas medidas que se deben adoptar para cumplir con esos objetivos.

El Estado debe regular la actividad económica y es el que establece qué es lícito y que es ilícito.  Un Estado que busca equilibrar inequidades como lo determina nuestra Constitución Nacional, debe cobrar impuestos y tasas progresivas a los que tienen manifiesta capacidad contributiva[1] y permitir al resto de la población acceder a determinadas prestaciones que no podría pagar si ellas fuesen provistas a través el mercado por empresas privadas, como la educación, salud, pensión para la vejez y enfermedad, e impidiendo la explotación de la mano de obra mediante la reglamentación de la jornada laboral y condiciones de trabajo en general y de mujeres y niños en particular.

El principal recurso de un Estado es el impuesto, por el imperio de la ley y demuestra cabalmente el nivel cultural (por eso los países con mayor desarrollo y bienestar son los que más perciben impuestos directos al patrimonio y a la renta), y la solidaridad entre los habitantes de una sociedad.  Benjamín Franklin dijo: “Debemos hacer una Nación donde haya dos cosas que no se puedan evitar, la muerte y pagar impuestos”

Obviamente no es el caso de esta administración que genera la mal llamada inocencia fiscal, elimina el impuesto PAIS (a la compra de dólares), permite la fuga de capitales, reduce el Impuesto a los Bienes Personales, a los derechos de exportación (retenciones), y a los aranceles a las importaciones (sobre todo de autos de alta gama, embarcaciones, aeronaves, etc.), crea regímenes especiales como el RIGI que no solo reduce y elimina imposiciones, sino que  extiende ese beneficio de estabilidad por 30 años.

Es más, la libre disponibilidad de divisas del RIGI provenientes de recursos naturales no renovables, es un acto criminal de administración fraudulenta. Dado que supone un vaciamiento del país, de su patrimonio minero y de hidrocarburos, sin obtener nada a cambio. Los países que gozan de un alto bienestar, son los que han logrado acumular Fondos Soberanos de Inversión para compensar esas extracciones de recursos no renovables, con una capitalización destinados a las próximas generaciones.

Si es injusta y desigual la presión tributaria sobre la población (donde los que no tienen capacidad de ahorro contribuyen con no menos del 40% de su ingreso al erario público), sobre nuestro acervo patrimonial, y sobre los recursos naturales, es también injusta la ejecución del gasto público, donde se prioriza el pago de los servicios de una deuda que no se investigó ni auditó, y sobre la que el tándem Caputo-Bausili acuerdan y aceptan tasas de interés de usura (que paga el pueblo argentino).

En los años 2024 y 2025 adaptaron la ley 27.701 de presupuesto nacional 2023 para priorizar el pago de los servicios de la deuda pública, y para el año 2026, institucionalizan lo realizado mediante el Art.1°de la ley 27.798 de Presupuesto de la Administración Nacional de ese año, que incluso vuelve a ser el primer artículo en el proyecto para el año 2027, donde el cumplimiento de los compromisos de la deuda pública como norma imperante, y todo el esquema de recursos y gastos debe ser compatible con dichos pagos. Esto es, se ajusta al llamado Gasto Primario (que es todo el presupuesto en educación, salud, asistencia social, erogaciones previsionales, defensa, seguridad, etc.) para que primero se paguen los compromisos de la deuda pública.

Sin embargo, lo hacen arteramente, por ejemplo:

1. a) Los compromisos por la deuda de la Administración Nacional para el próximo año 2027 alcanzan 17.136 millones de dólares y 55.135 millones de pesos[2]; más 5.187,5 millones de dólares de bonos Bopreal del BCRA[3]. Total en dólares oficiales unos: U$s 55.800 millones; b) por el DNU 846/24 se eliminó la obligación que establecía la Ley de Administración Financiera para realizar canjes de bonos de la deuda, de exigir mejores condiciones a los bonistas en por lo menos dos de los siguientes términos: plazo, quita de capital, o intereses; c) por el mismo decreto se extendió la capacidad del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) del sistema previsional para mantener hasta el 70% de su cartera en títulos públicos con o sin garantías, en tanto se permite la suscripción de instrumentos de deuda pública en cualquier moneda, con otros títulos de deuda pública en cualquier divisa. Por ende, el FGS de la ANSeS que a diciembre de 2025 poseía títulos públicos nacionales por el 75,6% de su cartera total (aproximadamente U$s 45.300 millones), de sus futuros ingresos va a seguir comprando títulos de deuda del Tesoro de la Nación, desnaturalizando su función.
2. La decisión oficial de suspender la emisión del Bono AO29 (Bono del Tesoro Nacional en dólares con tasa fija del 6%, emitido en julio 2026 y con vencimiento octubre 2029), que cuando anunciaron el Programa Financiero 2026 y 2027, el 6 de julio de 2026, el ministro Luis Caputo y su secretario de Finanzas, Federico Furiase, dijeron que iban a colocar Bono AO29 por U$s 5.000 millones en 2027. Ante la imposibilidad de colocar a esa tasa del 6%, cuando los inversores institucionales (Bancos, Compañías de Seguros, Bolsas de Comercio, etc.) presionan por una tasa mayor, deciden no hacerlo en octubre de 2026. Es más, habían planteado que iban a contar con U$s 3.700 millones de saldo del programa financiero de 2026 que no va a existir y si queda un saldo va a ser mucho menor.

3. En el Presupuesto 2027 los Bonares[4] que en el Programa Financiero 2027 presentado el 6 de julio 2026 eran por $ 8 billones, en el proyecto de presupuesto nacional del 15 de septiembre de 2026 pasan a ser de $ 19 Billones (equivalente a 11.000 millones de dólares).
4. Fijan tasas de crecimiento del PIB inalcanzables, plantean crecer en los considerandos del Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2027 en un 3 % en el año 2026  (el II y el III trimestre 2026 son de descenso del PIB, estamos en recesión económica) y menos  se va a crecer en un 4% para el año 2027, porque la IBIF general desciende, el Consumo público y privado desciende, y lo único que crece son las exportaciones, pero no arrastran una mayor actividad, fuente principal generadora de ingresos y por ende, de pago de impuestos.

Por lo tanto, no van a cumplir con el crecimiento de la recaudación tributaria, cuando el IVA presenta 11 (once) meses de descenso en términos reales y, la mayoría de los gravámenes y los aportes previsionales están ligados al nivel de actividad, mientras reducen las tasas de los derechos de exportación y los aranceles a las importaciones.

5. Están pagando deudas operativas con títulos de deuda financiera: Por Resolución Conjunta 59/26 de las Secretarías de Finanzas y de Hacienda  (BO 06/10/2026) se amplía la emisión de tres títulos capitalizables en pesos —una letra con vencimiento a fines de octubre de 2026 y dos bonos a enero y abril de 2027— para pagar deudas con  contratistas de obra pública en cancelación de certificados, acopio de materiales y redeterminaciones de precios adeudados entre 2022 y 2025, además de deudas de contratos rescindidos desde 2024. El tope es de $221.119,5 millones y los instrumentos se entregan a valor técnico. Por lo que el endeudamiento se expande, cuando no pueden pagar ni la mitad de los intereses que la deuda bruta devenga (Deuda bruta al 31 de agosto 2026 equivalente a U$s 484.917 millones, y una tasa promedio de casi el 10% anual).
6. En la Jurisdicción 91 Obligaciones a Cargo del Tesoro del presupuesto nacional 2027, que depende del Ministerio de Economía, en que se asignan créditos para brindar asistencia financiera a distintas áreas de los sectores público y privado y, además, se atienden obligaciones emergentes de compromisos con organismos provinciales, nacionales e internacionales. Contempla los gastos que no resulta adecuado otorgar al resto de las jurisdicciones o entidades de la Administración Pública Nacional. Esta administración contabiliza el Código 99 – Otras asistencias financieras: $ 7.675.543 millones (unos 4.700 millones de dólares)[5], que no tienen fin especifico y es de sospechar el gobierno se reserva para fines “políticos”

En síntesis

Toda la gestión de este gobierno, donde el tándem Caputo-Bausili se atribuyen funciones que extralimitan su designación y la ley de ética pública, como lo demuestra palpablemente el manejo del oro de las reservas del BCRA. Los lingotes de oro del Banco Central que el gobierno cargó en una aerolínea comercial con destino desconocido (se supone que es a Inglaterra).

El problema en el año 2025 fue que el precio del metal subió fuertemente para llegar a ser de U$s 4.500 la onza a fines de noviembre de ese año, pero el BCRA no pudo percibirlo porque lo vendió con compromiso de recompra y cuando lo va a comprar lo debe hacer a un precio muy superior ocasionando una pérdida al BCRA de U$s 1.023 millones, como afirma la Auditoría General de la Nación

El gobierno interviene en el mercado cambiario, comprando dólares en el MULC (Mercado Único y Libre de Cambio, que es el mercado oficial de compra y venta de dólares) para pagar los servicios de la deuda pública. La emisión de pesos equivalente es esterilizada con la venta de dólares en el mercado de contado con liquidación (CCL). El mercado de contado con liquidación (CCL) es el mercado de fuga de capitales, venden títulos y acciones y reciben directamente dólares, y lo sacan del país 

Por ende, el gobierno con el pretexto de achicar la brecha ente ambos mercados (el oficial –MULC- y, el paralelo –CCL-), vende divisas que obtuvo de empeñar y/o vender con compromiso de recompra los lingotes de oro, que los que compraron títulos en pesos (y ganaron fortuna con ello por la inflación después que devaluaron el 12 de diciembre de 2023), y de esa manera transforman esa renta financiera (carry trade) en dólares y fugar ese capital.

Ese es el mecanismo de endeudamiento y fuga que propicia este gobierno

El gobierno nos endeuda permanentemente, por dos razones, una para pagar los intereses de una deuda no investigada, ni auditada. Y otra, porque le reducen los impuestos al sector de mayores ingresos de la sociedad y/o a los grandes inversores.

Paralelamente esa deuda se convierte en fuga de divisas.

El triángulo de Bermudas de Caputo y compañía que explica la fuga.