Nuevo triunvirato en la CGT: Dialogar en la crisis

Flexibilizar la negociación colectiva, promover aumentos salariales por productividad, habilitar el uso de banco de horas extras y supresión de las indemnizaciones como las conocemos hoy en día, son algunos de los aspectos expuestos por los representantes  jurídicos y económicos de la élite corporativa que ha tomado el control operativo del gobierno.

“El borrador en el que estamos trabajando con el secretario de Trabajo tiene tres ejes: salario dinámico, que cobra sentido en un escenario sin inflación y para que se den aumentos de salario por productividad. El otro eje es flexibilizar la negociación colectiva, y que sea por empresa y no por actividad. Por último, está lo del banco de horas, que puede ser útil, dependiendo de qué actividad se trate” sostuvo el abogado de numerosos grupos económicos extranjeros y consultor de políticas laborales para la élite empresaria, Julian De Diego.

El ministro de Desregulación y Transformación, Federico Sturzenegger, que desde España anticipó que el gobierno va a “desarticular la estructura de los gremios" mediante una reforma que priorice los convenios colectivos por empresa y no por actividad. “Cuando se cambia el orden de prelación, es decir, si el convenio por empresa prevalece por sobre el convenio que hace el sindicalismo a nivel nacional, se desarticula esa estructura”, sostuvo.

“Vamos a tener que bailar con los sindicatos si pretendemos desarticular la estructura de los gremios” advirtió el personaje en cuestión, desafiando en la previa del congreso de la CGT a la futura conducción.

CGT, congreso y triunvirato

Nosotros vamos a defender todos y cada uno de los derechos en los lugares que tengamos que hacerlo, como lo hicimos hasta ahora. Lo hicimos en la calle, lo hicimos en la Justicia y lo hicimos en el Parlamento”, subrayó Jorge Sola, que encabeza el Sindicato del Seguro, y ahora es parte del triunvirato elegido este miércoles en el Congreso de la CGT para conducir la institución hasta 2029.

En una entrevista dijo que “estamos en una enorme crisis social y económica con caída del empleo y la calidad del empleo, caída del poder adquisitivo. Es una escena con una reforma laboral en ciernes y una reforma previsional en la que evidentemente esta CGT tiene mucho para decir. Y eso se hace en una mesa de diálogo, en una mesa para discutir con los empresarios y con un Estado presente, inteligente y eficaz y que pueda abrir ese diálogo”.

Pese a la desafiante postura de los grupos económicos que avanzan en declaraciones de anuncio de una nueva legislación laboral, sostuvo que “Creemos que los espacios de diálogo que, por supuesto, van a tener conflictos. La sociedad se alimenta de conflictos. No tenemos miedo en transitar esos conflictos”, declaró, para luego remarcar que “es la única manera de tratar de saldar las diferencias que tenemos con quienes oponen otro tipo de visiones”.

Sobre la reforma laboral aseveró que “nosotros seguramente estaremos de acuerdo en algunas cosas y en muchas las vamos a rechazar, no por afinidades ideológicas, sino porque representamos los intereses de los trabajadores, los que están adentro de la formalidad, los que están afuera, los que son de la economía popular y los que están en las plataformas”.

Cristian Jerónimo, otro de los miembros del triunvirato y secretario general del Sindicato del Vidrio, aseguró que “no vamos a permitir ni vamos a retroceder un solo paso en las conquistas y los derechos adquiridos que tiene el movimiento obrero argentino, porque la historia lo marca así”.

“Hoy tenemos un gobierno que nos viene a decir y nos viene a plantear que la Argentina, para ser competitiva y para estar integrada al mundo, necesita sacarle derecho a los trabajadores. ¿Por qué nos ajustan con lo con lo del poder financiero? ¿Por qué nos juntan con lo que realmente te impiden la plata y se llevan la plata afuera a cotiza del pueblo trabajador?”, añadió Jerónimo.

Remarcó que “tenemos muy claro que tenemos que volver a construir una gran mayoría, que los trabajadores y esta CGT tienen que volver a construir representatividad a lo largo y a lo ancho de nuestro país, y federalismo, integración”. El tercer triunviro es Octavio Argüello de Camioneros que continúa del período anterior.

Un país inviable

Desde las páginas de Chasqui Federal realizaron un análisis conglobante de los indicadores laborales que el propio gobierno informa a través de sus estadísticas.

Datos oficiales provenientes de INDEC, ARCA, Secretaría de Trabajo de la Nación y de otras áreas del denominado Ministerio de Capital Humano, permiten dar cuenta que sobre un total de 28.800.000 personas en edad de trabajar (de 16 a 65 años), es decir la población económicamente activa (PEA) que alcanza al 60% de los habitantes del país, el 47,9% posee una actividad laboral registrada.

La misma se divide en 6,3 millones de personas (21,85%) con trabajo registrado en el sector privado; 3,7 millones (12,85%) en los diferentes niveles y actividades estatales tanto municipales, provinciales y nacionales; y un número de 3,8 millones de personas (13,2%) registradas como trabajadores autónomos o monotributistas.  

Respecto de las dos últimas categorías, ambos pueden oficiar de empleadores, contratante o trabajadores cuentapropistas. Según los datos oficiales, los autónomos no superarían los 425.000; por lo cual puede afirmarse que los monotributistas han superado ampliamente los 3 millones de habitantes.

Debe considerarse para el crecimiento de esta última variable, que además de la precarización de las relaciones laborales -empleados formales registrados que sin dejar el trabajo pasaron a “facturarle servicios” a su contratante habitual-, el actual Gobierno nacional “invitó” a una buena parte de los beneficiarios de planes sociales a “monotributarizarse” para registrar la relación de dependencia. Quienes así no lo hicieran, corrían el riesgo de dejar de percibir el subsidio. Si bien no se conoce un número de casos significativo de pérdidas de planes por no registrarse -sí los hay por otras razones- el efecto “miedo”, hizo que un porcentaje de beneficiarios se inscribiera como “monotributistas sociales”, que luego fueron pasados automáticamente al régimen general.

Por el lado del desempleo, a través de las estadísticas oficiales, desde el Ejecutivo Nacional se admiten 2,3 millones de desocupados. Lo que equivale al 8% de la PEA. Debe tenerse en cuenta que este dato no registra a aquellas personas que poseen trabajo informal ocasional o irregular (“changas”); o bien no computa a aquellas personas que -desempleadas- no buscan trabajo. Pero, sin embargo, “algo hacen”.

Por lo tanto, resta analizar el porcentaje que involucra al trabajo informal en todas sus formas. Lógicamente, ese dato no está reconocido oficialmente, porque de hacerlo, el propio Ejecutivo Nacional, estaría admitiendo que a pesar de la legislación vigente, permite la informalidad laboral.

Así las cosas, y por descarte matemático, las personas que llevan adelante trabajo informal en todas sus modalidades y variantes serían 12,7 millones, lo representa un 44,1% de la PEA.

En ese contexto de país, resulta razonable la propuesta alternativa que presenta Daniel Yofra, de la Federación de Aceiteros, quien al cerrar su paritaria enfatizó que “lo que hay que hacer es juntar una alternativa de dirigentes en lucha. Escuchaba a uno de los dirigentes que decía que hay que apostar al diálogo. ¿Hasta cuando, vamos a estar dialogando? No vamos a conseguir nada. Tenemos el 95% de los trabajadores bajo la línea de la pobreza y vamos a seguir dialogando?”.

Para Yofra “hay motivos de sobra como para salir a luchar y no con un día de paro. Que hagan una huelga por tiempo indeterminado o un plan de lucha como mínimo tendrían que hacer”.