Los dueños de la tierra
La ofensiva del gobierno de Milei y el avance judicial que despeja el camino para derogar la Ley de Tierras vuelven a colocar en el centro del debate una contradicción histórica: Patria o Colonia.
En una nota publicada el 3 de octubre en este mismo medio, Horacio Rovelli advertía sobre una entrega de dimensiones históricas, comparable con el contexto en el que se firmó el Pacto Roca-Runciman. Acuerdo que Arturo Jauretche supo rebautizar como Estatuto Legal del Coloniaje.
En esa nota, que recomendamos releer, Rovelli analiza los alcances del Acuerdo de Comercio e Inversiones Recíprocos con Estados Unidos, firmado en febrero pasado por el Secretario de Finanzas Pablo Quirno y el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer. El acuerdo establece que la Argentina “permitirá y facilitará la inversión estadounidense en su territorio para explorar, minar, extraer, refinar, procesar, transportar, distribuir y exportar minerales críticos y recursos energéticos”, además de garantizar condiciones favorables para las inversiones estadounidenses en sectores estratégicos como la energía, las telecomunicaciones, el transporte y la infraestructura.
Este acuerdo debe leerse en conjunto con la iniciativa Pax Silica y el proyecto del Corredor Andes-Atlántico, que integran nuestros recursos naturales, territorio e infraestructura a las cadenas de suministro de la potencia del norte. No se trata de facilitar inversiones, sino de subordinar capacidades estratégicas del país a los intereses geopolíticos de Estados Unidos.
En este escenario, nuestras tierras quedan cada vez más expuestas a las compras a precio vil por parte de grandes grupos económicos transnacionales.
Pero, para comprender la dimensión del problema, es necesario ir más allá de la coyuntura y preguntarnos: ¿Quiénes son los dueños de la tierra? ¿Cómo se fue conformando la propiedad de las tierras productivas destinadas a generar alimentos y extraer recursos naturales? Reconstruir esa historia permite entender quiénes concentran hoy la riqueza territorial y qué está en juego cuando el país pierde capacidad para decidir sobre sus propios recursos.
Desde los primeros años de la independencia, la tierra pública se utilizó como recurso fiscal y herramienta de construcción de poder. Entre las décadas de 1820 y 1840, el sistema de enfiteusis —que permitía arrendar tierras públicas a bajo costo— facilitó el acceso de grandes propietarios a extensas superficies sentando las bases de una estructura rural profundamente concentrada.
La llamada Campaña del Desierto (1878-1885) profundizó ese proceso. El avance militar del Estado sobre los territorios habitados por los pueblos originarios de la Pampa y la Patagonia fue acompañado por la apropiación y el reparto de enormes extensiones de tierra. Se estima que alrededor de 20 millones de hectáreas quedaron en manos de unas 600 familias y sectores vinculados al poder político y económico. Así se consolidó el latifundio, base territorial del modelo agroexportador que subordinó la producción nacional a la demanda de los mercados externos, particularmente el británico.
Hacia fines del siglo XIX y comienzos del XX el predominio de las grandes estancias limitó que se conformara una clase campesina de pequeños productores. La desigualdad territorial encontró su correlato en un Estado oligárquico, conservador y represivo, cuya estructura de poder recién fue cuestionada por el Estado Justicialista entre 1946 y 1955. Durante ese período, la renta agraria fue utilizada para impulsar la industrialización del país y mejorar las condiciones materiales de los sectores populares. Sin embargo, pese a las profundas transformaciones justicialistas, la estructura concentrada de la propiedad de la tierra no fue modificada en sus fundamentos.
Las transformaciones tecnológicas y productivas posteriores tampoco revirtieron esa tendencia. Por el contrario, la modernización del agro, la expansión de la frontera agrícola y el avance de cultivos como la soja, desde fines del siglo XX, aceleraron la desaparición de numerosos pequeños y medianos productores. Particularmente durante el menemismo, la concentración económica, el aumento de la escala productiva y las dificultades para sostener las explotaciones de menor tamaño profundizaron la expulsión de productores y consolidaron el avance de grandes grupos empresarios.
Entre la década de 1990 y los años 2000, millones de hectáreas pasaron a manos de corporaciones transnacionales y grandes propietarios extranjeros, especialmente en zonas cordilleranas, la Patagonia y el norte del país. Este proceso profundizó una estructura de propiedad concentrada y puso bajo control de intereses externos territorios, recursos estratégicos y capacidad de generación de trabajo.
De este somero recorrido histórico se desprenden tres problemas centrales que impiden un desarrollo nacional autocentrado: la extranjerización de la tierra y de los recursos naturales; la propiedad privada de estos bienes estratégicos; y la ausencia del pueblo en la planificación del destino del país. Desde mi punto de vista, mientras la tierra, los recursos naturales y buena parte del aparato productivo permanezcan sujetos a la propiedad y las decisiones de una minoría parasitaria, más aún cuando intervienen capitales extranjeros o intereses locales subordinados a ellos, la capacidad del Estado para ejercer efectivamente la soberanía estará severamente comprometida.
La ofensiva del gobierno de Milei sobre la Ley de Tierras vuelve a colocar en el centro del debate una contradicción histórica: ¿seguirá la Argentina subordinada a los intereses de quienes controlan su territorio y sus riquezas, reducida a un enclave colonial, o asumirá el desafío de constituirse en una nación verdaderamente libre, capaz de planificar su desarrollo y decidir soberanamente sobre sus propios recursos?