La trampa del crédito en un clic: de la motosierra social a la usura algorítmica

10 de octubre de 2026
Silvia Paez

Silvia Paez es comunicadora, colaboradora de InfoNativa. 

Un informe del IPyPP expone la trampa del crédito bajo la gestión libertaria: ante la caída salarial y el recorte estatal, la deuda bancaria absorbe el 24,1% del ingreso y la morosidad escala a marcas históricas. Con tasas fintech de hasta 144% y CFT de cuatro dígitos, el pluriendeudamiento trepó al récord del 19,7% de los hogares, atrapando a los sectores populares en la usura digital.

El repliegue del Estado sobre sus funciones indelegables y la demolición planificada de los ingresos populares encontraron en el endeudamiento doméstico su reverso disciplinador más perverso. Lejos de inaugurar una era de libertad financiera o democratización del bienestar, el desguace ejecutado por la administración libertaria empujó a millones de familias a sustituir salarios reales por pasivos asfixiantes. Así lo demuestra de manera minuciosa el informe publicado en octubre de 2026 por el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP), titulado «Endeudamiento de los hogares en Argentina: Una mirada de largo plazo sobre las políticas de crédito y sus efectos en las finanzas familiares», elaborado por los investigadores Agustina Haimovich y Walter González.

El documento realiza una radiografía estructural que va más allá de la coyuntura inmediata. Desarma la ilusión de la inclusión financiera promovida por el mercado desregulado y expone con números irrefutables cómo la combinación de ajuste fiscal sin precedentes, desmantelamiento de los programas públicos de financiamiento y liberalización de las tasas derivó en un ciclo inédito de pluriendeudamiento, tasas usurarias de cuatro dígitos y una crisis histórica de morosidad que golpea de lleno a las barriadas populares y a la juventud.

 

La metamorfosis del crédito: del fomento estatal al negocio del despojo

Para comprender el callejón sin salida del presente, el IPyPP propone un recorrido comparado sobre las modalidades de intervención estatal a lo largo de las últimas cuatro gestiones presidenciales. Durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner (2012-2015), el crédito se concibió como una herramienta de estímulo a la demanda interna y de defensa de la producción nacional frente al agotamiento del ciclo expansivo. A través del crédito público directo con ANSES (Argenta), el fomento al consumo regulado en cuotas sin interés (Ahora 12) y la imposición de tasas máximas a los préstamos personales bancarios, el Estado operó amortiguando costos y asumiendo riesgos en favor de los sectores de menores recursos.

Ese esquema mutó durante el gobierno de Cambiemos (2016-2019). Con la llegada de Mauricio Macri y el regreso del FMI, el programa Argenta mutó en los "Créditos ANSES", extendiéndose a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y pensiones no contributivas en un contexto de caída del salario y aceleración inflacionaria. En los hechos, el Estado utilizó los recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad para financiar el consumo de supervivencia con tasas que llegaron al 50% anual, acumulando 5,5 millones de endeudados para paliar el ajuste. Tras el paréntesis del Frente de Todos (2020-2023) —que debió recurrir al crédito subsidiado como instrumento de emergencia frente a la pandemia, limitó tasas y amplió la regulación sobre los proveedores no financieros—, la asunción de Javier Milei dinamitó cualquier vestigio de contención.

 

El shock libertario: motosierra, desregulación y usura en la pantalla

El informe del IPyPP subraya que el ajuste fiscal de La Libertad Avanza no tuvo parangón nacional ni internacional: el gasto total de la Administración Pública Nacional se desplomó un 28,8% real entre 2023 y 2025, con recortes terminales del 74,1% en promoción y asistencia social, 98% en vivienda y 92,2% en agua y saneamiento. A este colapso se sumó la suspensión de los Créditos ANSES el 29 de diciembre de 2023, la discontinuación definitiva de Ahora 12 (tras un breve paso por Cuota Simple) y la desregulación vía DNU 70/2023, que eliminó sanciones del Banco Central y topes a los intereses punitorios de las tarjetas.

Privadas de ingresos, las familias fueron arrojadas a los brazos del crédito privado y las plataformas digitales. Según datos oficiales del BCRA sistematizados por el IPyPP, a fines de 2025 había 20,3 millones de personas endeudadas en el país (1,9 millones más en un año), con un protagonismo estelar de las fintech, que sumaron 2 millones de nuevos deudores hasta alcanzar a 7,1 millones de personas financiadas digitalmente a inicios de 2026.

La trampa radicó en los costos confiscatorios. Mientras la tasa nominal anual de los préstamos bancarios promediaba el 69,7% frente a una inflación anualizada del 34,8%, en las fintech la TNA trepaba al 144,2%. El informe es tajante al respecto: «las tasas nominales de los préstamos personales duplicaban la inflación y el crédito digital más que la cuadruplicaba. Asimismo, la tasa nominal que se publicita no necesariamente refleja el costo que termina pagando el deudor. En el circuito extrabancario se agregan cargos, impuestos, seguros y distintos costos que pueden ampliar enormemente el Costo Financiero Total. Para determinados segmentos de proveedores no financieros, CFT de cuatro dígitos, incluso del orden del 1.400%».

 

Carga récord y estallido de morosidad: el 24,1% del salario comprometido

La consecuencia inevitable de financiar gastos corrientes con tasas siderales fue la asfixia del presupuesto doméstico. De acuerdo con el Informe de Estabilidad Financiera del BCRA citado en el documento, a abril de 2026 la carga de los servicios de la deuda bancaria de las familias absorbió el 24,1% de la masa salarial registrada (13,9 puntos porcentuales más que en noviembre de 2023), alcanzando un máximo histórico que pulveriza el récord anterior de la crisis de 2018.

Esa presión derivó en un estallido de la irregularidad. A julio de 2026, la morosidad de las familias en el sistema bancario escaló al 12,9%, quintuplicando los valores de finales de 2024 y empujando la irregularidad del sector privado general al 7,7%, el registro más elevado en más de dos décadas (desde 2004).

Pero el verdadero foco de descomposición social se ubica en el circuito no bancario: en las plataformas fintech y billeteras virtuales, la morosidad llegó en julio al 33,9% (4,6 veces más que en noviembre de 2024), con más de 5,6 millones de personas en mora sobre un universo de 20,6 millones de deudores. El rasgo generacional de esta tragedia es elocuente: el 38,1% de los deudores morosos tienen hasta 29 años, atrapados en aplicaciones de celular para subsistir en la informalidad.

 

Pluriendeudamiento en la EPH: la libreta, el amigo y el plástico

El procesamiento de los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) incluido en el informe desnuda cómo el endeudamiento se convirtió en la estrategia medular de supervivencia familiar. Hacia finales de 2025, el 61,2% de los hogares debió recurrir a alguna vía de financiamiento. Sin embargo, la brecha de desigualdad se torna evidente al observar el fenómeno del pluriendeudamiento (la superposición simultánea de deudas con bancos, conocidos o fiado):

  • Récord histórico de superposición: El 19,7% de los hogares argentinos se encuentra pluriendeudado, el valor más alto registrado en toda la serie estadística, superando con creces la crisis de 2018-2019.
  • Impacto en los sectores populares e inquilinos: En el estrato de menores ingresos, el pluriendeudamiento escaló al 21,3%, mientras que en los hogares inquilinos saltó del 13,5% en 2016 al 19,3% a fines de 2025.
  • La red informal como trinchera: Los préstamos entre familiares o amigos alcanzaron al 17,3% de los hogares a nivel general (su máximo histórico), pero en los sectores informales y de bajos ingresos representan el 23,9% y el 22,2% respectivamente, revelando la desesperada apelación a la solidaridad comunitaria ante el retiro del auxilio público.

 

La rueda que se cierra: disciplina colonial y parálisis económica

En sus reflexiones finales, Haimovich y González señalan con agudeza que la aparente modernización de los pagos digitales encierra una transferencia regresiva silenciosa. Cada peso de recomposición salarial, cada asignación social o cada ingreso extraordinario no se vuelca al consumo productivo en el barrio, sino que es absorbido de inmediato por las corporaciones financieras para amortizar intereses punitorios y recargos usureros.

La advertencia de cierre del IPyPP conecta este drama con la arquitectura macroeconómica de entrega: «el endeudamiento de los hogares no puede analizarse de manera aislada de la dinámica más amplia del endeudamiento externo y de las prioridades que orientan la política económica. Una estrategia centrada en la generación de excedentes fiscales para atender los compromisos con los acreedores externos, en un marco de fuerte ajuste del gasto público, tiene efectos sobre los ingresos de trabajadores, jubilados y sectores populares (...) trasladando hacia las familias los costos del ajuste».

El ciclo se completa de forma siniestra: licuación de ingresos, crédito digital compulsivo para pagar comida y servicios, refinanciación a tasas demenciales, cesación de pagos y, finalmente, exclusión. Mientras el gobierno sacrifica el bienestar colectivo para juntar los dólares del pago de la deuda externa, la deuda privada de los hogares opera como el gendarme algorítmico que asfixia la soberanía popular desde la palma de la mano.