La trama detrás de una nueva ofensiva judicial selectiva y la impunidad para Macri

La decisión de la Cámara Federal de Casación al reabrir dos causas contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se sucedió en una trama de cuatro episodios. Y hay otro que se aproxima sin mucho disimulo.

Los fallos que firmaron los jueces Diego Barroetaveña y Daniel Petrone son sólo la punta del iceberg. La secuencia comenzó con el desplazamiento de la jueza Ana María Figueroa, quien preveía votar en disidencia (por la ratificación del sobreseimiento a CFK en las causas Los Sauces – Hotesur y Memorando con Irán). Figueroa no era importante por su disidencia –que no habría alterado la decisión final de sus dos colegas- sino por lo que podía decir en ese voto. Y porque en el lenguaje de símbolos del Poder Judicial no es lo mismo un voto unánime que uno que una crítica feroz en disidencia.

Como se trata de un fallo de Casación y la eventual etapa de apelación sería la Corte Suprema, las defensas podrán plantear un “recurso de casación horizontal”. Ello significa, en lenguaje simple, una apelación contra las decisiones de la víspera para que otra sala del mismo tribunal, con otros jueces, revise lo que hicieron Barroetaveña y Petrone. Es un paso previo a la Corte Suprema y, por cierto, las posibilidades de ecuanimidad son muy reducidas.

Apartada la jueza Figueroa (con la decisiva intervención de la Corte Suprema), la secuencia posterior incluyó el apuro por sacar ambos fallos porque todavía hay un intento –que parece estéril- por el retorno de la magistrada.

 

¿Y qué dicen los fallos?

Básicamente, que la vicepresidenta no debió haber sido desvinculada de ambos casos sin antes pasar por el banquillo de los acusados en sendos juicios orales, que serán largos y, por supuesto, también estigmatizantes.

Los fallos ordenan, sí o sí, la realización de esos dos juicios. Es decir que Cristina Kirchner volverá a estar, al menos en dos oportunidades más, sentada frente a tribunales orales que la juzgarán como lo hicieron en la Causa Vialidad. Si a estos dos se le suma la Causa Cuadernos, entonces serán cuatro las eventuales condenas en su contra. Y aún hay otros procesos que amenazan con terminar en el mismo destino.

¿Qué argumentos utilizó la Casación para la reapertura de ambos expedientes?

En el caso de Los Sauces y Hotesur, la vicepresidenta y otros muchos acusados habían sido sobreseídos por el delito de “lavado”, por el que estaban acusados. Pero el máximo tribunal penal opinó que “considerar agotado el examen no solo con relación al delito de lavado sino también respecto de ofrecimiento o admisión de dádivas supone un quiebre en el razonamiento” de la estructura de la acusación.

Los jueces ratificaron el sobreseimiento de Florencia Kirchner, la hija menos de la vicepresidenta. Pero en esa decisión anticiparon que, aunque aún no hubo juicio, ellos creen que su madre y su hermano Máximo son culpables. Dice el fallo: “La asociación de la que Florencia Kirchner habría formado parte se habría conformado cuando era una niña y al momento de su ingreso las operaciones objetadas ya se encontraban consolidadas, con su madre y hermano con roles preponderantes”. La entrelínea del fallo dice que para declarar inocente a Florencia Kirchner, por contraposición, los culpables son su madre, su hermano, y su padre, si estuviera vivo.

En cuanto a la Causa Memorando (la denuncia del fiscal Alberto Nisman cuatro días antes de aparecer muerto en el baño de su departamento en Puerto Madero), el sobreseimiento se basó sobre “el informe de Interpol del 22 de junio de 2020, los sobreseimientos de Ronald Noble y Joell Sollier, y la información de distintos organismos en cuanto a que no se habían incrementado las relaciones comerciales entre la Argentina e Irán”.

Esos tres aspectos desmoronaban la hipótesis delictiva que había esbozado Nisman. Pero según la Casación, en la decisión exculpatoria “los jueces efectuaron una interpretación forzada y arbitraria del art. 361 CPPN (sobreseimiento) al ponderar datos y circunstancias que no eran novedosos y noticias que no revestían el carácter de prueba”.

Lo que cuestionaron, más que el “qué”, fue el “cómo”. Si el ex jefe de Interpol Ronald Noble afirma que las alertar rojas contra los iraníes nunca estuvieron en riesgo por el Memorando, que venga y lo diga en el juicio. Cuando Noble ofreció venir a declarar, el difunto juez Claudio Bonadio lo tomó como “imputado” por su eventual participación en el plan criminal y se lo impidió. Finalmente Noble fue sobreseído y aquella declaración sobre las alertas rojas recobró vigencia para dictar los sobreseimientos. Para la Casación, es insuficiente.

El máximo tribunal penal tomó, además, un reaseguro para la puntería del pelotón de fusilamiento judicial que se avecina. Apartó a todos los jueces que hasta ahora habían considerado que la vicepresidenta no tenía responsabilidad penal en ambos casos: Daniel Obligado, José Antonio Michilini, Gabriela López Iñiguez y Adrián Grünberg.

Ninguno de ellos podrá participar de los juicios orales que se avecinan, aunque ello implique un apartamiento del “principio del juez natural” que tanto cacarean en tribunales.

Casación quiere “jueces independientes”. Y en Comodoro Py queda claro cómo tiene que fallar un juez para ser considerado “independiente”.

 

Impunidad para Macri

La Corte Suprema, como garante final de la impunidad selectiva, ratificó el cierre de la investigación por las coimas que pagó la multinacional alemana Siemens para quedarse con el contrato para la confección de los DNI en la Argentina de los ’90. El fallo parece proteger al difunto expresidente Carlos Menem, principal apuntado en la investigación como supuesto receptor de sobornos. Pero eso es sólo lo que se ve en superficie. En la entrelínea no escrita se trasunta el verdadero beneficiario final de esta decisión: Mauricio Macri.

El fallo que firmaron los cuatro jueces de la Corte sepulta para siempre la posibilidad de investigar si –como parte de ese entramado corrupto que los propios directivos de Siemens reconocieron en los tribunales de Alemania y Estados Unidos– uno de los beneficiados, acaso el principal, fue SOCMA, el grupo empresario de la familia del expresidente.

Según se desprende de documentación oficial que todavía junta polvo en los tribunales argentinos, SOCMA vendió una de sus empresas a los alemanes con una compleja alquimia que desafía las reglas de la proporcionalidad: por el 60% de las acciones cobró más de 46 millones de dólares y tiempo después, por el restante 40%, apenas seis millones. Tamaña desproporción luce inexplicable.

¿Qué hizo SOCMA? Por un lado, una de sus empresas, Itron, que aspiraba al contrato por los DNI, se bajó de la puja. Más aún, cambió de manos: fue vendida… a Siemens. Otra empresa del grupo Macri, Correo Argentino S.A. (sí, la misma que sigue sin pagar los cánones adeudados al Estado Nacional) se convirtió en virtual socio de la multinacional alemana para distribuir los DNI por todo el país. Para ello, desplazó a otra empresa que ya venía operando con Siemmens.

Pico de pato, pluma de pato, pata de pato y hace «cuac cuac».

Toda esa asombrosa trama está descripta en el voto que emitió el juez de la Corte Carlos Rosenkrantz en el último acuerdo del tribunal, el martes pasado. Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti coincidieron en rechazar en apenas un párrafo un planteo de la Procuración de Investigaciones Administrativa (PIA) para que fueran llamados a indagatoria Menem (el pedido fue formulado antes de su deceso, claro está), su ministro del Interior Carlos Corach y el extitular de Migraciones Hugo Franco.

Rosenkrantz prefirió escribir. Ese texto es importante por su valor histórico; por lo que dice y por lo que calla. Entre lo que dice se destaca este párrafo: «La propia empresa, en el marco de la firma de un acuerdo con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la U.S. Security and Exchange Commission (SEC), reconoció haber cometido a través de su filial argentina el hecho investigado, y se obligó al pago de una multa de 800 millones de dólares, comprensiva de esa y otras prácticas corruptas también admitidas».

La historia de la escandalosa licitación de los DNI comenzó poco después de que Menem obtuviera la reelección en 1995. Su gobierno lanzó la licitación nacional e internacional 1/96, que desde el vamos pareció direccionada a favor de Siemens.

El juez federal Ariel Lijo llevó adelante la causa en la Argentina. El 23 de diciembre de 2013 procesó a un grupo de empresarios locales y extranjeros de la multinacional alemana basándose en el reconocimiento de ellos mismos ante una fiscalía de Munich sobre el pago de coimas. La declaración en Comodoro Py del exgerente de Negocios Internacionales fuera de Europa de Siemens Ulrich Albert Otto Fritz Bock, procesado por «cohecho activo» (quien tuvo como defensor oficial a Juan Martín Hermida, el mismo que hoy asiste al pretenso asesino de Cristina Kirchner, Fernando Sabag Montiel) fue tremenda. Venía describiendo la trama oculta de la licitación y en ese contexto explicó que «hasta antes de la adjudicación del proyecto, el proceso se desarrolló limpiamente. El hostigamiento empezó cuando se supo que Siemens It Services S.A. obtendría la adjudicación. Desde entonces, el proceso de adjudicación fue empujado hacia una dirección oscura o gris». De acuerdo con el relato, el gobierno de Menem puso como condición para la obtención del proyecto que Siemens celebrara un contrato Call-Put-Option (opción preferencial para compra y venta de acciones) con el grupo Macri, a los efectos de adquirir el 60 % de las acciones de Itron (empresa perteneciente al grupo). Eso se estableció como condición para que obtengamos el pedido de los DNI».

Sobre la base del reconocimiento de Bock, el juez Lijo concluyó que «existió un segundo acuerdo entre los empresarios de la multinacional alemana y aquéllos pertenecientes a Socma Americana S.A. titular del 100 % de las acciones de Itron), para que la firma Itrón –competidora en la licitación–, no impugne la irregular adjudicación de Siemens It Services. (…) Ese segundo acuerdo derivó en que Siemens It Services S.A., incorpore como subcontratista a una empresa del mismo grupo económico –Socma Americana S.A.– a través de la sustitución de la empresa Mailfast S.A. por Correo Argentino S.A. para la distribución de los DNI».

Bock reconoció ante una fiscalía de Munich «quiénes serían los destinatarios finales de los pagos, anotando sus iniciales: C.M. (16,0), C.C. (9,75), H.F. (9,75), L.S. (7,5) y C.S.  (7,5)».  Las iniciales podían ser una coincidencia (una «casualidad permanente», como le gustaba decir a Menem). Y los números, las calificaciones de un boletín de escuela secundaria.

Pero en el fallo de Lijo apareció un directivo de la filial argentina de Siemens para aclarar las cosas: Carlos Sergi, quien era el referente de la empresa que había «desistido» de la operación para ceder su espacio a Correo Argentino S.A.  Bock reconoció un documento «confeccionado por él con motivo de una negociación con Sergi. (…) Según el manuscrito Carlos Sergi indicó que Menem, Corach, Franco y (el CEO de la filial local de Siemmens, Luis) Schirado habrían sido receptores de pagos en relación con la licitación». En el documento figuran, incluso, nombres en clave de ellos: La Gironde (Schirado), Mirror (Corach), Finli (Franco) y Pepcon (Menem).

Finalmente Itron, la empresa de SOCMA, no presentó impugnación alguna al contrato «a cambio de ser incluida posteriormente en el negocio a través de la compra de la totalidad de las acciones por parte de la multinacional y de la contratación de la empresa Correo Argentino S.A. para la distribución de los DNI».

Toda esa información fue considerada insuficiente por el juez Lijo; por la Cámara Federal porteña a través de un fallo firmado por Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia; por la Cámara Federal de Casación Penal, mediante Juan Carlos Gemignani (hoy con goce de licencia por un año para estudiar en Europa), Elena Catucci y Eduardo Riggi (ambos jubilados recientemente). El titular de la PIA, el fiscal Sergio Rodríguez,  insistió ante la Corte con la indagatoria para los ex funcionarios, pero los cuatro supremos confirmaron el archivo.

La situación de un grupo de empresarios fue elevada a juicio oral en 2017, pero seis años después todavía no hay fecha prevista para ese juicio. Uno de los jueces que deberá celebrarlo es Andrés Fabián Basso, quien no sólo integró el tribunal que condenó a Cristina Kirchner en la Causa Vialidad sino que, a diferencia de sus colegas, votó por incluir la figura de la asociación ilícita y elevar la pena.

Macri no está. Ni como el empresario que era cuando ocurrieron los hechos, ni como el funcionario público que fue después.