La policía de la producción de Patricia Bullrich

Unidad de Seguridad Productiva

El mismo día en el que salió la resolución publicada en el Boletín Oficial, Patricia Bullrich presentó su nueva Unidad de Seguridad Productiva. Esta unidad, que dependerá de la Dirección Nacional de despliegue territorial, tiene como objetivo garantizar la producción de aquellas empresas que el ministerio de Seguridad considere necesario.

Según lo establecido en la resolución, la decisión sobre qué empresas “requieren de un cuidado especial en el proceso de elaboración o en el transporte de las mercaderías” tal como el texto de la misma plantea, quedará en las manos del ministerio de Seguridad o de las órdenes que éste pudiera recibir del poder ejecutivo. Asimismo, la normativa explícita que el consenso con las jurisdicciones se dará sólo en manera excepcional y no hace mención alguna al poder judicial.

¿Seguridad para quién?

No queda claro cuáles serán los criterios utilizados para definir el accionar de esta unidad, más allá de las declaraciones de la ministra que afirmó que “no vamos a permitir que se bloqueen las entradas de las empresas como manera de impedir la producción del país. Hay que cuidar a los que tienen sus empresas y dan trabajo y lograr que el costo argentino baje”.

La creación de esta unidad especial va en concordancia con la política más general del Gobierno. La misma acompaña el RIGI votado en la Ley Bases, que facilita el extractivismo a gran escala en el país por parte de empresas extranjeras. La normativa de la Unidad de Seguridad Productiva establece que “existen sectores de la economía que, a causa de su gran contribución al crecimiento del país debido al volumen de su producción, a la magnitud de su aporte, a la sensibilidad del material derivado de su actividad o al alto valor de sus productos, requieren de una seguridad especial” y que es a estos sectores, definidos por el Gobierno, a los cuales la unidad asistirá.

Esta normativa debe tomarse en cuenta en el contexto de las luchas de las comunidades para frenar los proyectos extractivistas en diversas provincias, desde el litio en Jujuy, la minería en Mendoza y el fracking en la Costa bonaerense. A partir de ahora, todas estas comunidades se verán privadas de ejercer su legítimo derecho a la protesta frente a proyectos que contaminan el territorio y lo descartan sin haberle dejado nada a las comunidades que lo habitan.

La ministra Bullrich ya anunció el envío de una dotación a la zona de Vaca Muerta, y es de esperarse que los siguientes destinos sean los grandes emprendimientos de extracción de litio.

Asimismo, anunció que se pondrá en contacto con los dueños de las principales cadenas de supermercados del país “con el objetivo de protegerlos de aprietes”, entendiendo por aprietes los reclamos de alimentos por parte de los sectores más empobrecidos de la población.

Un Ministerio al servicio de los empresarios

Si bien la normativa que crea la Unidad de Seguridad Productiva deja pocas precisiones más allá de su dependencia directa del ejecutivo y que no se asignarán partidas presupuestarias especiales, las declaraciones de la ministra de Seguridad parecen indicar una dirección clara.

El principal objetivo de esta unidad será el de garantizar la producción y seguridad de las grandes empresas del país. En un país brutalmente empobrecido por la caída del salario, la inflación y los tarifazos es de esperarse que la tensión social y las protestas aumenten. A partir de ahora y en consonancia con la reforma laboral votada en la Ley Bases, los grandes empresarios contarán con su propia unidad especial, cuyo objetivo será garantizar que no sucedan las protestas en los lugares de trabajo así como garantizar la libre explotación de los recursos sin tener que oír los reclamos de sus damnificados.