La deuda no puede mandar: radiografía de la trampa financiera que empuja al abismo nacional

La discusión sobre la deuda pública en la Argentina suele quedar reducida a un tecnicismo incomprensible de planillas de cálculo, curvas de rendimiento y comunicados asépticos en los despachos oficiales. Sin embargo, detrás de esa cortina de humo técnico opera el engranaje más disciplinador del coloniaje contemporáneo. Así lo denuncia de manera tajante el flamante documento «La deuda no puede mandar (III): No somos el proyecto del default», elaborado por el Foro de la Economía y el Trabajo. El informe expone con rigurosidad quirúrgica cómo las exigencias de un endeudamiento ilegítimo, inflado para sostener la fuga de capitales y la especulación de una minoría parásita, se traducen hoy en la asfixia cotidiana de la economía real y en el empobrecimiento masivo de las familias argentinas.

En un país que ostenta el título de tercer exportador mundial de alimentos y que acelera la extracción de hidrocarburos en el subsuelo de la mano de Vaca Muerta, los indicadores sociales deberían exhibir un proceso sostenido de redistribución e industrialización soberana. En cambio, el régimen económico conducido por Javier Milei y Luis Caputo consolida una transferencia regresiva de ingresos que arroja a más de 15 millones de personas a la pobreza, eleva la pobreza infantil al 44,5% y sumerge al 52,6% de la población bajo la línea de vulnerabilidad social. La contracara de este drenaje es el endeudamiento de los hogares para comprar comida en el almacén y el salto en los índices de suicidios y desesperación comunitaria.

La duplicación de la deuda y la hipoteca del 2027

El trabajo del Foro desarma con cifras oficiales la falacia del desendeudamiento que pregona el gobierno. Hacia fines de 2015, la deuda bruta del Estado nacional ascendía a 222.703 millones de dólares, con una particularidad estructural: el 60% era financiamiento intra-sector público (en manos del FGS de la ANSES y bancos públicos), apenas un 31% correspondía al sector privado y un 9% a organismos internacionales, con una deuda con el FMI reducida a cero tras la cancelación soberana de 2006. Es decir, el compromiso con acreedores externos y bonistas privados totalizaba 89.081 millones de dólares.

Al 31 de agosto de 2026, la deuda bruta se ha más que duplicado: trepó hasta los 484.917 millones de dólares. Lejos de fortalecer las cuentas, el Estado sustituyó su autofinanciamiento público reduciendo la deuda intra-estatal al 45% y multiplicando por 4,8 las obligaciones con organismos internacionales (95.644 millones de dólares), de los cuales 58.000 millones de dólares corresponden a las acreencias extorsivas del Fondo Monetario Internacional. Con el sector privado internacional, la deuda ya roza los 165.700 millones de dólares, convirtiéndose en el renglón más opaco y de mayor expansión de la era libertaria.

El horizonte temporal inmediato está cargado de dinamita. Para el próximo año 2027, los compromisos de la Administración Central alcanzan la friolera de 17.136 millones de dólares y 55.135 millones de pesos, a los que se suman otros 5.187,5 millones de dólares por vencimientos de los bonos Bopreal emitidos por el Banco Central que comanda Santiago Bausili. A esta bomba de vencimientos se suma la impunidad regulatoria otorgada por el DNU 846/24, mediante el cual el Poder Ejecutivo dinamitó la Ley de Administración Financiera eliminando la obligación de exigir mejoras de plazo, quita o intereses al momento de canjear títulos públicos, al tiempo que habilitó licuar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de los jubilados integrando hasta un 70% de su cartera con papeles de deuda.

La farsa del superávit fiscal y el artilugio de la 1050

Uno de los aportes más demoledores del documento radica en desnudar la mentira del déficit cero y la pretendida «limpieza» del Banco Central. La absorción de los pasivos remunerados del BCRA (las viejas Leliqs y pases) por parte del Tesoro nacional no eliminó la deuda: simplemente la mudó de mostrador, transformando un pasivo institucional manejable en un endeudamiento directo del Tesoro que devenga intereses brutales que se capitalizan periódicamente.

Mediante la emisión indiscriminada de instrumentos en moneda local (como las LECAP y los BONCAP), el Ministerio de Economía esconde el déficit fiscal real. Al capitalizar los intereses —sumándolos directamente al capital para diferir su pago al vencimiento— el equipo económico simula un éxito contable que no es más que una monumental estafa financiera. El Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP) calcula en 100.793 millones de dólares el volumen de deuda acumulado por esta vía entre noviembre de 2023 y julio de 2026. Esta verdadera «circular 1050» moderna infla una bola de nieve impagable que enriquece a los fondos especulativos y garantiza ganancias fabulosas a la bicicleta del carry trade, mientras los salarios y las jubilaciones son sacrificados en el altar del ajuste.

La tutela del FMI y el disciplinamiento geopolítico

El informe remarca que el endeudamiento no es un mero descalce financiero, sino un dispositivo geopolítico de subordinación. El FMI, lejos de ser un auditor neutral, actúa abiertamente como brazo ejecutor de Washington y de los intereses transnacionales. Tras el crédito de acceso extraordinario otorgado a Mauricio Macri en 2018 para financiar la fuga récord de 86.200 millones de dólares (operación impune que la justicia federal se apresuró a archivar en septiembre de 2026), el Fondo continuó prorrogando programas viciados que sólo sirvieron para condicionar la soberanía del país.

La injerencia extranjera quedó al desnudo en 2025, cuando el organismo desembolsó 14.000 millones de dólares para apuntalar la paridad cambiaria en pleno año electoral, mientras Donald Trump amenazaba abiertamente con cortar todo financiamiento si la administración oficialista caía derrotada en las urnas. El Foro advierte sobre la urgencia de denunciar esta extorsión en los foros internacionales y blindar el proceso democrático de 2027 frente a nuevas maniobras de desestabilización cambiaria digitadas desde el exterior.

Una estrategia soberana: romper la inercia del default

Frente a la inercia que conduce a una nueva cesación de pagos planificada por las potencias para transformar al país en una factoría de enclaves desguazados, el Foro de la Economía y el Trabajo —integrado por economistas, referentes sindicales de las centrales obreras y especialistas de los sectores pymes y de la economía popular— plantea un programa de medidas de emergencia que rompen con la resignación colonial:

• En el plano internacional: Suspender de inmediato el Acuerdo de Facilidades Extendidas (SAF) con el FMI —del cual ya se ejecutó el 85% y cuyos desembolsos marginales no compensan las condicionalidades recesivas impuestas hasta 2029— para sustituirlo por fuentes de crédito menos condicionantes; exigir la quita de capital y eliminación de sobretasas declarando la ilegitimidad de la deuda odiosa; denunciar el tratado y abandonar el tribunal arbitral del CIADI dependiente del Banco Mundial; anular las cláusulas de prórroga de jurisdicción extranjera que habilitan el saqueo de los fondos buitre en Nueva York; y auditar con urgencia el destino real y la custodia de las reservas en lingotes de oro del BCRA giradas al extranjero bajo un manto de oscurantismo oficial.

• En el plano interno: Que el costo del pago recaiga sobre quienes fugaron capitales, aboliendo el secreto bancario, bursátil y fiscal para perseguir a evasores y lavadores; restablecer el Decreto 2581/64 para obligar a las grandes cerealeras y exportadoras a liquidar divisas desde el momento del embarque efectivo; aplicar con rigor la Ley Penal Cambiaria; y crear por ley del Congreso un Fondo en Dólares alimentado con gravámenes extraordinarios a las corporaciones beneficiarias de la renta especulativa y multas al capital no declarado para saldar únicamente la deuda debidamente auditada.

No se trata de reeditar la vieja consigna del presidente Nicolás Avellaneda en 1874, quien proclamaba que millones de argentinos debían ahorrar hasta sobre su propia hambre y sed para pagarle a los usureros foráneos. Como sentenciaba Néstor Kirchner en 2004, no hay margen para más ajustes ni para tolerar que la deuda mande a costa de la exclusión social. Recuperar la soberanía financiera no es un dilema contable: es la condición indispensable para que la Argentina vuelva a planificar su propio destino y ponga los recursos estratégicos al servicio de la producción, el trabajo y la dignidad de su pueblo.