La destrucción de toda soberanía

Toda noción de propiedad histórico-colectiva de los pueblos está siendo atacada sistemáticamente por la Guerra Cognitiva que opera su semiótica más dañina como dominación que produce en los pueblos la incapacidad de nombrar como propio aquello que históricamente le pertenece.

La idea de soberanía puede desaparecer mucho antes de que desaparezcan las fronteras: basta con que una sociedad deje de reconocerse como sujeto capaz de decidir sobre su territorio, su memoria, sus recursos, su trabajo y su futuro. Esa es la paradoja semiótica decisiva de nuestro tiempo: la conquista más eficaz ya no necesita borrar el mapa; necesita borrar, primero, el significado de la palabra “nosotros”.

Desde una perspectiva semiótico-crítica, la soberanía no debe entenderse como una abstracción jurídica separada de las relaciones materiales, sino como una forma histórica de poder mediante la cual una colectividad organiza, disputa y determina las condiciones de reproducción de su existencia.

Por eso, cuando el capital monopolista avanza sobre territorios, bienes comunes, recursos estratégicos, sistemas alimentarios, conocimientos, culturas y capacidades tecnológicas, no solamente privatiza objetos: intenta transformar los signos mediante los cuales una sociedad reconoce esos objetos como propios.

La operación fundamental consiste en convertir lo común en mercancía, lo histórico en activo, el territorio en superficie de inversión, la ciudadanía en audiencia, la cultura en contenido y la memoria en un obstáculo para la circulación del capital. La Guerra Cognitiva aparece entonces como una dimensión particularmente sofisticada de esa lucha por la propiedad y el poder simbólico.

No es una fantasía conspirativa ni una explicación totalizante de todos los conflictos contemporáneos: es un campo reconocido por doctrinas militares actuales como un espacio de disputa sobre percepciones, conductas, confianza, racionalidad y capacidad colectiva de decisión.

La propia OTAN define la guerra cognitiva como un conjunto de actividades destinadas a influir, proteger o perturbar la cognición individual y colectiva para obtener ventaja estratégica, y reconoce que puede integrar operaciones informativas, psicológicas, cibernéticas y de ingeniería social.

Desde la semiótica nuestra, esto permite formular una hipótesis más profunda: la mercancía contemporánea no busca solamente apropiarse del objeto; busca apropiarse del sistema de significación que determina qué puede ser considerado objeto apropiable. La expropiación material requiere entonces una expropiación semiótica previa.

Si un río deja de significar territorio, memoria, sustento, comunidad y derecho colectivo para significar “recurso hídrico disponible para inversión”, la privatización ya ha comenzado en el lenguaje.

Si una tierra campesina deja de significar herencia histórica y reproducción comunitaria para significar “activo improductivo”, la violencia económica encuentra legitimidad cultural. O que una nación deje de significar una formación histórica contradictoria, constituida por pueblos, clases, lenguas, memorias y luchas, y pase a significar simplemente “mercado”, “riesgo país” o “plataforma logística”, la soberanía comienza a ser traducida al idioma de la rentabilidad.

México constituye un caso especialmente revelador porque su soberanía histórica se encuentra atravesada por la Revolución, la defensa de la tierra, la propiedad social, el petróleo, los derechos de los pueblos y la relación asimétrica con Estados Unidos. No es casual que, en el presente, la cuestión soberana vuelva a ocupar el centro del conflicto político mexicano; apenas ayer, ante una provocación territorial difundida públicamente, Claudia Sheinbaum volvió a insistir en que México es un país libre, independiente y soberano y rechazó cualquier condición colonial o de protectorado.

Por el contrario, la soberanía no puede reducirse a la declaración presidencial ni al atributo jurídico del Estado: su existencia efectiva depende de quién controla las condiciones materiales y simbólicas de la reproducción social. El capitalismo monopolista contemporáneo opera precisamente sobre esa doble dimensión.

Por un lado, concentra propiedad, tecnología, capital financiero, infraestructura digital, cadenas logísticas, datos, plataformas y capacidades de producción cultural; por otro, intenta naturalizar esa concentración mediante un régimen semiótico que presenta la dependencia como modernización, la subordinación como integración, la privatización como eficiencia, la desregulación como libertad y la pérdida de autonomía como inevitable adaptación al “mundo global”.

La ideología deja así de funcionar únicamente mediante afirmaciones falsas: funciona organizando el campo mismo de lo pensable. Lo que no aparece como posibilidad política termina siendo vivido como imposibilidad ontológica.

Allí se encuentra uno de los mecanismos más profundos de la guerra cognitiva: no convencer necesariamente a las mayorías de que una determinada política es justa, sino conseguir que imaginen que no existe ninguna alternativa. La forma extrema de dominación es aquella que consigue convertir su propia contingencia histórica en necesidad natural.

El lenguaje del mercado cumple una función central en esta operación. “Competitividad”, “modernización”, “inversión”, “seguridad”, “eficiencia”, “libre comercio”, “innovación” y “neutralidad tecnológica” pueden funcionar como signos aparentemente técnicos que ocultan relaciones de poder.

La semiótica marxista pregunta entonces quién produce esos signos, quién controla sus canales de circulación, qué intereses materiales condensan y qué alternativas excluyen. Porque el signo nunca es inocente cuando se encuentra inserto en relaciones de clase. La lucha por la soberanía es, por tanto, también una lucha por la capacidad social de nombrar.

Quien posee la capacidad de imponer las categorías mediante las cuales una sociedad interpreta la realidad posee una cuota decisiva de poder sobre la realidad misma.

La guerra cognitiva contemporánea intensifica este fenómeno porque las plataformas digitales permiten segmentar públicos, medir emociones, anticipar comportamientos y distribuir narrativas diferenciadas a millones de sujetos. La propia doctrina de la OTAN reconoce que estas operaciones pueden buscar la fragmentación social, la pérdida de confianza, la polarización y la debilitación de la voluntad colectiva.

Desde el marxismo, ello puede interpretarse como una nueva fase de la lucha de clases en el terreno de la reproducción de la conciencia social: no basta ya con controlar los medios de producción; adquiere importancia estratégica controlar o disputar los medios de producción de sentido. La vieja fábrica producía mercancías; la infraestructura digital produce también atención, hábitos, identidades, afectos y jerarquías de visibilidad.

Entonces el trabajador no solamente vende fuerza de trabajo: participa, muchas veces sin saberlo, en la generación de datos, contenidos y señales que alimentan arquitecturas algorítmicas de acumulación. La soberanía, por consiguiente, se desplaza hacia nuevos territorios: soberanía alimentaria, energética, tecnológica, cultural, informacional, científica, territorial y cognitiva.

La extinción de la soberanía ocurre cuando esos territorios se fragmentan hasta impedir que puedan ser concebidos como dimensiones de un mismo poder colectivo. El pueblo deja entonces de aparecer como sujeto histórico y se convierte en suma estadística de consumidores, usuarios, electores segmentados y perfiles de comportamiento.

La comunidad se desintegra semióticamente antes de desintegrarse materialmente. El ataque contra la propiedad histórico-colectiva de los pueblos adopta así una forma particularmente eficaz: sustituir la memoria por la novedad permanente.

Un pueblo que no recuerda de dónde proviene difícilmente puede identificar qué está perdiendo. La amnesia histórica se convierte en una condición de la privatización. De ahí la importancia de disputar archivos, monumentos, lenguas, educación, medios públicos, patrimonio, conocimientos indígenas, narrativas nacionales y memorias obreras y campesinas.

La defensa de la soberanía no significa sacralizar acríticamente al Estado ni convertir la nación en fetiche: significa defender la capacidad material y simbólica de los pueblos para intervenir sobre las condiciones de su propia existencia. Una soberanía popular verdaderamente marxista tendría que superar tanto el nacionalismo vacío como el cosmopolitismo neoliberal: no se trata de cerrar las sociedades al mundo, sino de impedir que la interdependencia sea administrada unilateralmente por monopolios capaces de convertir la dependencia en destino.

En última instancia, la batalla es por la posibilidad de que los pueblos sigan siendo sujetos y no objetos de la historia. La Guerra Cognitiva constituye una de las formas contemporáneas de esa disputa porque intenta intervenir precisamente allí donde una sociedad transforma experiencia en conciencia, conciencia en lenguaje, lenguaje en organización y organización en poder. Si consigue quebrar esa cadena, la dominación puede presentarse como sentido común.

Por eso la revolución de las conciencias debe apoyarse en una revolución semiótica: recuperar la capacidad de nombrar lo que se posee, recordar lo que se ha conquistado, identificar aquello que se está expropiando y reconstruir colectivamente la palabra “nosotros”.

La soberanía no se extingue únicamente cuando una bandera extranjera ocupa un territorio; puede extinguirse cuando los habitantes de ese territorio empiezan a considerar extranjera su propia memoria, improductiva su propia cultura, obsoleta su propia historia y natural la autoridad de quienes deciden desde fuera sobre aquello que determina su vida.

La tarea histórica consiste, entonces, en impedir esa metástasis y esa metamorfosis: que el pueblo no se reduzca a mercado, que el territorio no se reduzca a mercancía y que la conciencia no se reduzca a infraestructura de la acumulación ni a circo de placeres mediáticos humillantes.