Indicadores económicos sin paz
Recesión, desempleo, precarización, transferencia brutal de ingresos desde los trabajadores al capital. Los indicadores económicos del país exhiben las consecuencias del brutal programa económico que se implementa por pretensión de un poder económico digitado desde el extranjero.
Los indicadores económicos del país exhiben las consecuencias del brutal programa económico que se implementa por pretensión de un poder económico digitado desde el extranjero. La construcción de una ética de la crueldad que martilla como relato para justificar el rastro de las injusticias contrasta con el discurso vacío que señala la mala administración del gobierno de Milei como únicos responsables de una crisis inevitable que le espera a la vuelta de la esquina a la enorme mayoría de los que viven en éste suelo.
No se trata de un gobierno, se trata del funcionamiento aceitado de un sistema diseñado en el extranjero, para beneficio de una minoría que no atiende otros intereses que la de su propia rentabilidad.
Cambiar un gobierno, entonces, no cambia nada si no se acompaña de una enorme modificación de las condiciones de dependencia económica y de injusticia social que caracterizan el actual funcionamiento de la política nacional.
En un reciente informe de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT) se confirmó el impacto de la recesión que atraviesa el país. Entre noviembre de 2023 y febrero de 2024 se perdieron 13.111 empleadores: 31 por cada día de gobierno. La cifra se redujo de 512.357 a 499.246: en el 99,7% de los casos, se trata de pequeñas y medianas empresas, y sólo 45 grandes firmas (con más de 500 trabajadores). Los rubros más afectados fueron construcción, transporte e industria.
En el mismo período mencionado se redujo 2,23% la cantidad de trabajadores registrados en unidades productivas, con una pérdida de 219.670 puestos: de 9.857.173 a 9.669.342.
En el análisis de los datos oficiales que realiza el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), se repiten los sectores recién mencionados, pero se le suma una fuerte incidencia de administración pública, defensa y seguridad social.
En contexto de ésta crisis que golpea al sector empresario, no todos son perdedores. En efecto, un conjunto de empresas del sector energético, financiero y agroexportador están entre los grandes ganadores de la última década
“Para los grupos económicos concentrados -el capital financiero y para los grandes conglomerados vinculados a la exportación de alimentos o materias primas- las crisis recurrentes y cada vez más frecuentes y agudas, se presentan como una oportunidad especial para obtener rendimientos extraordinarios en sus actividades. Mientras tanto, otros sectores empresariales, muchos de ellos atados al mercado interno, también logran obtener, en el contexto de inestabilidad, resultados importantes en el corto plazo, principalmente por la caída del costo de la mano de obra en sus cuentas”, señaló un informe dado a conocer esta semana por el Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía (MATE) y la Fundación Friedrich-Ebert-Stiftung (FES). (Ver Informe aquí)
“Se trata de actividades cuyos protagonistas corporativos son grandes jugadores nacionales y extranjeros que, además, encabezan los rankings de la cúpula empresarial vernácula: 13 de las 15 empresas de mayor facturación pertenecen a alguno de estos tres sectores” que antes mencionabamos, según describen en el informe antes citado y denuncian “la vulnerabilidad de la economía nacional ocurre en simultáneo con los desmedidos incrementos en la rentabilidad de algunos sectores económicos privilegiados”.
Por su parte, el IPyPP publcó su reciente boletín estadístico socio laboral, en el que señalan que “la subutilización de la fuerza laboral (desempleo más subempleo) asciende al 17,7% de la población económicamente activa (PEA). La presión sobre el mercado laboral supera a la desocupación abierta y abarca también a un conjunto de trabajadores que demandan activamente otro empleo. Así, la presión efectiva sobre el mercado de trabajo llega al 23,1% de la PEA. Si se agrega a quienes, si bien no buscan activamente otra ocupación, desean trabajar más (ocupadas/os disponibles no demandantes) la disponibilidad de la fuerza de trabajo alcanza al 29,2% de la PEA. Por su parte, el desempleo estructural se manifiesta como uno de sus rasgos más extremos: para el cuarto trimestre de 2024, 1 de cada 3 desocupados y desocupadas se encontraban buscando empleo sin éxito hacía más de un año.”
En dicho informe (ver aquí) señalan también que “los crecientes niveles de informalidad y autoempleo de subsistencia. Casi una cuarta parte de las/os trabajadores son cuentapropistas, de los cuales el 77% corresponde a ocupaciones de baja calificación (versus el 70,8% del promedio), ya sea operativa o no calificada. Por su parte, dentro del 72,3% de la población asalariada, el 36,1% son informales, indicador que asciende al 64,4% para la población juvenil.”
Y agregan “El carácter precario de estos empleos presenta como uno de sus aspectos centrales los escasos ingresos que obtienen las/os trabajadores. Durante este 4to trimestre de 2024, los ingresos en promedio rondaron los $693.153 mensuales. Tanto las/os cuentapropistas como el segmento asalariado informal se encuentran significativamente por debajo de ese monto”.
En este contexto recesivo y de salarios en caída libre, es que debe valorarse los indicadores vinculados a la desaceleración de la inflación que no termina de contrastar con la realidad efectiva, pero que aún así, es presentada como un triunfo por parte de aquellos que sostienen el relato de la eficacia del programa económico.
Destrucción del mercado interno, aplanamiento del consumo y un ataque decidido a la capacidad de supervivencia de una parte importante de nuestro pueblo, presionan también para evitar escaladas aún mayores en precios que ya resultan inaccesibles. Un cementerio sin paz, como paradigma de éste modelo.