Golpe a la economía social
La Resolución 2076 del INAES dejó sin funcionamiento a miles de entidades por documentación pendiente, en plena crisis laboral, afectando al sector cooperativito y a sus trabajadores.
El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, que depende del Ministerio de Capital Humano de Sandra Pettovello, publicó el 22 de octubre la Resolución 2076/26 y dispuso la suspensión masiva de la autorización para funcionar de 6.667 cooperativas y mutuales en todo el país. Según el cruce que hace el sector de los anexos completos, el universo real es de 9.083 entidades: 7.206 suspendidas, 1.299 intimadas a regularizar en 30 y 60 días y 578 exceptuadas. De ese total, 8.210 son cooperativas de trabajo, producción, servicios y consumo, y 873 son mutuales.
De parte del INAES justifica la medida como una segunda etapa del Plan de Reordenamiento del Padrón iniciado con la Resolución 3208/2024. En los considerandos de la norma fechada el 13 de octubre, el organismo dice que es autoridad de aplicación de las leyes 20.337 y 20.321 y que debe ejercer la fiscalización pública. Argumenta que la omisión de documentación asamblearia y estados contables del período 1 de enero de 2023 al 6 de agosto de 2026 “obstaculiza las tareas de fiscalización” y por eso suspende e instruye sumarios administrativos. Aclara que la suspensión no es retiro definitivo y que quedará sin efecto automáticamente si se presenta la documentación adeudada, la Actualización Nacional de Datos y el Registro Legajo Multipropósito.
Esa explicación formal, puramente burocrática, choca con la realidad productiva que atraviesa el país. El propio presidente del Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo, Gildo Onorato, salió a cruzar la medida con dureza y advirtió que el INAES no tiene ninguna política de acompañamiento para regularizar en un contexto de crisis. “Repudiamos la Resolución 2076/26, que suspende 6.667 cooperativas en todo el país. Esta resolución le impide trabajar al 40% de las cooperativas de la provincia de Buenos Aires”, alertó Onorato.
El funcionario detalló que solo en Provincia de Buenos Aires son 1.916 cooperativas suspendidas y 299 intimadas de un día para el otro. “Venimos haciendo un esfuerzo enorme desde la Provincia para sostener las fuentes de trabajo que garantizan las cooperativas y hoy nos desayunamos con esta suspensión”, dijo. Y agregó un punto central para entender el momento: “Tenemos que acompañar y sostener las fuentes de trabajo, no poner más palos en la rueda a los trabajadores en esta crisis económica”. Por eso le pidió al INAES que revea los padrones publicados.
La crítica es clara: en la Argentina de 2026, donde se pierden puestos de trabajo formales, cierran pymes y se hace cada vez más difícil llegar a fin de mes, las cooperativas representan alrededor del 10% del PBI y son la última red de contención laboral para miles de familias. Suspenderlas por 2 o 3 balances atrasados en un plazo tan corto, sin ventanilla de asesoramiento previo, sin moratoria contable ni asistencia técnica, las deja en una situación endeble: no pueden facturar, no pueden hacer trámites ante el organismo, no pueden acceder a programas, no pueden presentarse a licitaciones y quedan expuestas a un sumario que puede terminar en retiro de matrícula.
Lo que el INAES presenta como “ordenamiento” es, en los hechos, una política de persecución administrativa al sector de la economía popular. Mientras el organismo habla de controlar actas y balances, en el territorio hay cuadrillas de construcción, textiles, recicladores urbanos, apícolas, cuidadores y fábricas recuperadas que hoy no saben si mañana pueden seguir trabajando. Necesitan un Estado que acompañe, fortalezca y genere oportunidades, no uno que les cierre la puerta por una falta formal en medio de la peor crisis social y productiva de los últimos años.