“Gobernar sin pueblo, la fórmula del poder”

Un Informe del Instituto del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, donde explica que el gobierno está sostenido en la especulación, junto a la represión política. Explica, según su óptica, la ilegalización de la oposición, la abstención y la consolidación de un sistema sin alternativas.

Equipo de Trabajo: Claudio Lozano, Agustina Haimovich, Alejando López Mieres, Ana Rameri y Mariana Rivolta.

 

1. Un gobierno sostenido por la especulación financiera y la represión política

Una coyuntura económica signada por inconsistencias

El gobierno nacional atraviesa un momento de extrema fragilidad económica, aunque a primera vista busque sostener una apariencia de orden y previsibilidad macro. La pretendida “normalización” no es otra cosa que una arquitectura artificial sostenida por endeudamiento, postergaciones y represión de los conflictos sociales. A medida que las variables reales se deterioran, la tensión entre el relato de éxito y la dinámica material del ajuste se vuelve cada vez más evidente.

La inflación de mayo —1,5 % mensual— ha sido presentada como una victoria del programa, pero su composición revela que no fue el resultado de una estrategia virtuosa sino el efecto combinado de tres anclas: cambiaria (dólar oficial estable con fuerte intervención encubierta), salarial (represión nominal del ingreso) y, en mayo, se sumó ancla tarifaria (postergación de aumentos de tarifas y transporte).

En junio el -1,6 % mensual-, también se lo quiere presentar como triunfo, pero solo combinó mayor caída en precios estacionales (6 %), y el ancla cambiaria y tarifaria. Para julio, caerán dos anclas, y se agravará el dibujo.

La situación del empleo refleja crudamente esta desigualdad estructural. A pesar que el PBI es 3 % más alto que un año atrás, la desocupación llegó al 8 % y hay más de 240.000 personas sin trabajo adicionales respecto de 2023. Es decir: la aparente estabilidad macro de este modelo no genera ni empleo ni mejora del ingreso. Por el contrario, se destruye empleo formal y crece la precariedad laboral. El crecimiento es extractivo, concentrado y excluyente.

La pretendida “calma cambiaria” observada hasta junio —con una brecha de apenas el 2 % entre el dólar oficial y el financiero— no es resultado de la liberalización del mercado, sino de una estrategia deliberada de represión de la demanda. En primer lugar, el Tesoro dejó de comprar dólares en el mercado oficial para no presionar el tipo de cambio. Además, el cepo para empresas sigue vigente, lo que restringe las operaciones de importación y pago de deuda externa privada. A esto se suma un costo financiero creciente que pone en una situación de extrema fragilidad el frente externo.

En los últimos seis meses, el gobierno contrajo deuda externa por al menos USD 19.557 millones. A esto se suma una actividad económica estancada, que modera la demanda estructural de divisas. Sobre esa base, el BCRA desplegó intervenciones activas: además de continuar interviniendo en los mercados del dólar financiero, en mayo vendió USD 1.500 millones en contratos de dólar futuro, acumulando una posición vendida de casi USD 1.946 millones, lo que logró contener momentáneamente las expectativas devaluatorias.

En paralelo, la deuda en pesos experimenta un crecimiento acelerado y estructuralmente riesgoso. A partir de junio, el Tesoro anunció la eliminación de las LEFI (Letras Fiscales de Liquidez) como instrumento de regulación monetaria, lo que derivaría esa liquidez hacia otros instrumentos financieros (LECAP ó Boncap).

Se consolida un régimen de financiamiento del Tesoro, capitalización de intereses y altos rendimientos en $.

Esta maniobra permitió presentar un superávit financiero artificialmente inflado, ya que esos intereses aún no devengados no figuran como gasto corriente, pero se transformarán en deuda exigible en el corto plazo.

Pese a estos mecanismos, el país no alcanzó la meta de reservas netas comprometida con el FMI, registrando un déficit de más de USD 4.000 millones a fines de junio. Por esta razón, el Fondo concedió una prórroga y aún se evalúa la posibilidad de un waiver que, de ser aprobado, habilitaría un desembolso adicional de USD 2.000 millones. En este contexto, el discurso oficial que insiste en que “no se emite” resulta insostenible: en mayo, el BCRA realizó una transferencia de utilidades al Tesoro, y además la cobertura de los contratos de dólar futuro implica compromisos que se pagan en pesos, por lo que la emisión monetaria no desaparece, sino que se difiere y se encubre bajo otras formas.

Pero la generación de dólares genuinos se vuelve también cada vez más esquiva ya que el drenaje de dólares es más acelerado que la apuesta del Gobierno por el yacimiento de hidrocarburo más productivo que disponemos. A mayo, las importaciones crecieron 34,3 % mientras las exportaciones apenas 2,6 %, lo que recortó el superávit comercial un 80 % respecto de 2024. En realidad, la balanza comercial total de los primeros 5 meses del año está sostenida exclusivamente por el superávit energético promovido por la producción de Vaca Muerta (cercano a los +USD 3.000 millones), mientras el resto de la economía acumuló un déficit de aproximadamente USD 1.200 millones.

Los pagos de intereses netos al exterior acumulan USD 15.700 millones desde el mes de diciembre de 2023 hasta mayo 2025, valor prácticamente equivalente a los USD 15.900 millones de la balanza de bienes y servicios dando cuenta, por otra parte, de la enorme carga de servicios de deuda externa que tiene nuestro país, una aspiradora de recursos de la balanza comercial.

El superávit comercial de bienes acumulado en los primeros cinco meses del año fue de USD 3.863 millones, insuficiente para cubrir un volumen de egresos que alcanzó los USD 21.924 millones, distribuidos:

 

• Déficit de servicios: USD -5.123 millones. (23% del total)

• Pago de intereses (sector público y privado): USD -3.512 millones (16%)

• Remisión de utilidades e IED neta negativa: USD -1.680 millones (7.8%)

• Fuga de capitales (formación de activos externos): USD -5.650 millones (de los cuales, USD 5.300 millones se concentraron en abril y mayo tras la salida del cepo para personas humanas). (26%)

• Intervención en los dólares financieros (MEP/CCL): USD -2.318 millones (10.6%)

• Pago de deuda pública (capital): USD -3.641 millones (16.6%)

 

El saldo resultante se sostuvo a través de la ampliación del endeudamiento, por USD 20.340 millones, distribuido con FMI y org. internacionales USD 14.340 millones y Préstamos privados y colocación de bonos soberanos (BONTE, Repo, etc.) USD 6.000 millones.

(•) Sepamos, el 34% se fue en fuga y utilidades remitidas, 33% en pagos al FMI., el 10% en la bicicleta financiera, y solo el 23% en el déficit de servicios.

En síntesis, la pretendida estabilidad se sostiene en una combinación de:

? Desindustrialización, bajos niveles de actividad, represión del salario y el gasto social,

? endeudamiento agresivo (externo y en pesos),

? represión de la demanda divisas por parte del Tesoro y de las empresas

? y la intervención directa del BCRA en el mercado financiero y en dólar futuro.

 

Una arquitectura de pinzas que parece convertirse en estrangulamiento porque requiere de una fuente permanente de divisas que difícilmente pueda conseguirse.

Primero se consumió todo el superávit comercial (USD 17.800 millones), luego los dólares del blanqueo (USD 20.000 millones), y ahora el endeudamiento externo (de USD 20.000 millones en la primera parte del año) que, ante un riesgo país sostenido en niveles altos, puede resultar a un costo muy alto.

De esta manera, los planes de estabilidad oficiales basados principalmente en paz cambiaria, se va transformando en un panorama cada vez más incierto, cercano a la volatilidad. Donde hace tiempo no hay paz, es en el plano social, necesitando creciente coerción política y judicial para sobrevivir. La pregunta que se impone es, esta fragilidad estructural no explica la ofensiva institucional contra la principal dirigente opositora.

 

2. La ilegalización de la oposición, la abstención electoral y el intento de consolidar de un sistema sin alternativas

Marco General

La proscripción de Cristina Fernández de Kirchner aparece como la necesidad del poder de disciplinar judicialmente al sistema político tradicional en un marco de creciente fragilidad del régimen económico vigente. Frente a un modelo que no logra estabilizarse socialmente, que no puede construir consenso ni garantizar resultados sostenibles, el disciplinamiento se convierte en condición para la continuidad del programa.

En las primeras siete elecciones locales celebradas hasta ahora en el año, se manifestó con crudeza la crisis de representación política a través de la consolidación de un ausentismo récord funcional al oficialismo.

Si el ausentismo se consolida como patrón y la candidata con mayor densidad electoral en vastos sectores del conurbano bonaerense es excluida de forma anticipada, el sistema electoral argentino amenaza con transformarse en una farsa institucional, en una arquitectura democrática vaciada de contenido representativo.

 

Ilegalización, abstención y el intento de barrer alternativas

La decisión de la Corte Suprema de Justicia de confirmar la proscripción política de Cristina Fernández de Kirchner no puede leerse aisladamente. No es un hecho puntual del ámbito jurídico, sino un movimiento central en la reconfiguración del sistema político en tiempos de disciplinamiento económico extremo. En un contexto donde el programa del gobierno se sostiene sobre una combinación de represión social, desposesión económica y endeudamiento vertiginoso, la exclusión de la principal referente opositora expresa la necesidad del poder económico y judicial de consolidar un marco institucional donde la única oposición tolerable sea aquella que no cuestione el rumbo estructural del modelo.

Mientras el programa económico amplía la desigualdad y las privaciones, el sistema político que lo respalda comienza a mostrar otro síntoma de deterioro democrático: el crecimiento sostenido de la abstención electoral. Las ocho elecciones provinciales y municipales realizadas hasta el momento, incluida la de Rosario, exhiben una tendencia persistente: amplios sectores sociales se alejan de las urnas, ya no por apatía circunstancial, sino como forma de rechazo o pérdida de confianza en los mecanismos de representación. La baja participación se ha convertido en el signo más visible del ciclo político posterior a 2023.

 

3. Una arquitectura regresiva en tensión: lo que está en juego

 

El gobierno de Javier Milei ha logrado, en sus primeros seis meses, consolidar una arquitectura de estabilización regresiva: contención de precios a través de la represión salarial; ancla cambiaria sostenida por endeudamiento; superávit primario fundado en la licuación del gasto social y el ocultamiento de intereses de deuda; atracción de capitales especulativos mediante desregulación financiera y desmonte normativo. Esta arquitectura le ha dado al oficialismo un margen de gobernabilidad económica en el corto plazo, al costo de erosionar aceleradamente el tejido social, las capacidades del Estado y la legitimidad democrática del régimen.

Esta estabilidad es frágil, transitoria y vulnerable a múltiples frentes simultáneos:

? En el plano externo, la dependencia del financiamiento condiciona la soberanía económica. La combinación de repos, Bonte y FMI permite transitar los próximos meses, pero deja al país atado a flujos financieros inciertos y caros.

? En el frente interno, la política de “cero emisión” se financia con deuda y genera una bomba de intereses futuros que acumula tensiones sin resolverlas.

? La pax cambiaria es sostenida a través de intervenciones que agotan reservas netas, incluso mientras se proclama libertad cambiaria.

? La estabilidad nominal no detiene el retroceso real del empleo, el consumo masivo, la inversión productiva y la integración territorial.

A esto se suma una estrategia institucional de disciplinamiento político y judicial: la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner revela que no se busca gobernar con legitimidad popular, sino asegurar la continuidad de un rumbo económico sin oposición. En este esquema, el sistema político es reconfigurado para ser funcional a los intereses del poder económico, aun a costa de vaciar la democracia de contenido sustantivo. El ajuste, sin contrapoder, es la condición estructural de esta etapa.

Pero el deterioro tiene efectos más amplios. La crisis de representación es hoy el principal obstáculo para la recomposición de una alternativa. La abstención creciente, incluso en elecciones de fuerte disputa territorial como la de Rosario, muestra que la desconexión entre política institucional y sociedad está llegando a un punto de quiebre. La democracia electoral sobrevive como ritual, pero pierde capacidad de canalización del conflicto social. La mayoría social afectada por el ajuste aún no encuentra cauce político estable, y el sistema parece diseñado para impedir que lo encuentre.

Por eso, el interrogante de fondo no es solo si el programa económico puede sostenerse, sino qué forma política necesita ese programa para no ser derrotado. El actual gobierno no se apoya en un bloque de poder amplio ni en una coalición social estructurada: se sostiene por la convergencia entre poder financiero, judicial y mediático. Y ese andamiaje no admite oposición con capacidad de gobernar. La proscripción, la represión, la concentración mediática y la inercia parlamentaria son piezas de una estrategia que busca gobernar sin conflicto, incluso si eso implica gobernar sin pueblo.

Sin embargo, la legitimidad popular no ha sido derrotada, sino desplazada. La clave está en comprender que, la posibilidad de revertir el rumbo actual no vendrá de una oferta electoral espontánea, sino de una reconstrucción estratégica del campo popular, con arraigo, acumulación y sentido.

El momento actual no es solo un impasse: es un punto de bifurcación.

El programa de Milei puede volver a fracasar (ya ocurrió, salvado por el Gobierno de Donald Trump, a través del FMI) pero debe comprenderse, su fracaso no garantiza la aparición de una alternativa, que es lo que está en juego, si será construida, por quiénes y cómo.

El poder económico ya tiene un plan para ese escenario que es consolidar una arquitectura de continuidad, sin legitimidad, con sistema político clausurado (una farsa institucional) y economía colonial.

La pregunta es si desde los márgenes, los territorios y las experiencias en disputa, podrá articularse otra cosa. Porque si la economía se estabiliza sobre la exclusión, y la política se reconfigura para eliminar el conflicto, lo que está en juego no es sólo el rumbo del país, sino el propio sentido de lo común. Y eso, todavía, puede ser disputado.