Financiamiento universitario: Nueva marcha federal ante la negativa del Gobierno de cumplir la ley

Ante la falta de respuestas del Gobierno a la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario aprobada en el Congreso, y ratificada por el Poder Judicial tras la apelación del Ejecutivo, el Consejo Interuniversitarios Nacional (CIN) definió, junto con los gremios del sector, convocar a una nueva marcha federal para el 12 de mayo próximo.

El reclamo central –en el marco de una emergencia salarial y presupuestaria del sistema universitario y científico nacional– es el aumento del 50% para equiparar los salarios a la inflación acumulada desde diciembre de 2023, además de un incremento para las becas estudiantiles y presupuesto para funcionamiento de las casas de estudio. Si bien la ley fue ratificada por el Congreso y cuenta con un fallo favorable de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, el Gobierno lleva más de 170 días sin cumplirla entre dilaciones y apelaciones.

Según cálculos de los sindicatos de trabajadores docentes y no docentes, sería necesario un aumento superior al 50% para que los salarios recuperaran los niveles, ya bajos, de diciembre de 2023. Un informe del Grupo EPC-CIICTI coincide: los precios medidos por el IPC-INDEC se incrementaron desde noviembre de 2023 un 293,4%, en tanto los salarios de los trabajadores docentes, investigadores y no docentes en universidades nacionales lo hicieron un 160,9%. Para volver a tener el salario real de noviembre de 2023, los salarios universitarios deberían incrementarse un 50,7% (ver gráfico). Pese a eso, llevan diecisiete meses de caída consecutiva.

En 2024, la oposición presentó en el Congreso el primer proyecto de ley para poder garantizar el el financiamiento de las universidades luego de una multitudinaria marcha en todo el país. Tras esa movilización, se ajustaron gastos de funcionamiento para las universidades nacionales pero los salarios continuaron deprimidos y sin paritarias, solo sujetos a aumentos unilaterales por parte del Gobierno y por debajo de la inflación.

La Ley de Financiamiento Universitario fue aprobada por un amplio margen en el Congreso pero luego vetada por el presidente Javier Milei. Un año después, pudo presentarse una nueva ley que también fue aprobada, vetada por el presidente pero luego insistida por los dos tercios de ambas cámaras del Congreso, lo que obligó al Ejecutivo a cumplirla. Sin embargo, el Gobierno buscó dilatar su aplicación con apelaciones (la más reciente ante la Corte Suprema al haber fracasado las anteriores) e impulsó proyectos de modificación de la legislación aprobada con el objetivo de pagar menos.

“La universidad pública genera 14.000 millones de dólares en la industria del software, no maten a la gallina de los huevos de oro”, fue la frase que dejó una clase pública dictada en el microcentro porteño por docentes del Departamento de Computación de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA.

Paros, clases abiertas, carpas y ollas populares

Las protestas y medidas de fuerza en universidades nacionales de todo el país desde el inicio de este año lectivo han pasado por distintas modalidades de paro hasta carpas y clases públicas –como las realizadas frente al departamento del jefe de Gabinete Manuel Adorni–, y ollas populares, entre otras.

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y el Frente Intersindical se expresaron en un comunicado sobre la jornada federal de protesta de la semana pasada: “En todos los aspectos estamos funcionando a la mitad, con todas las dificultades que eso genera. Pero lo más urgente es resolver la angustiante e injusta situación salarial del personal docente y nodocente y la necesaria actualización de los programas de asistencia a estudiantes a través de becas. Es, precisamente, lo que dispone el fallo judicial que ordena aplicar los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario. Sin embargo, aún con una ley sancionada por el Congreso y con un fallo judicial ordenando su aplicación, el Gobierno Nacional mira hacia otro lado y las respuestas no aparecen”.

 En la Ciudad de Buenos Aires, el pasado viernes 17 de abril, docentes y estudiantes del Departamento de Computación de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA debatieron sobre la relación entre la universidad pública y la industria del software. El objetivo fue poner de relieve que la grave situación por la que están atravesando las casas de estudio afecta de manera directa incluso a los sectores más dinámicos de la economía. “La universidad pública genera 14.000 millones de dólares en la industria del software, no maten a la gallina de los huevos de oro”, fue la frase que dejó una clase pública dictada en el microcentro porteño –donde están las oficinas de varias empresas de este sector–, en reclamo por el cumplimiento de la ley. Se estima que al menos un 63% del plantel de las empresas de software de la Argentina fue o está siendo formado por la universidad pública.

También señalaron que el cumplimiento de la ley es urgente: “No sólo no hay fondos para investigación, además estamos perdiendo docentes todos los días y eso se debe a que los salarios están en la mayoría de los casos por debajo de la línea de la pobreza”.

 En el mismo sentido, el pasado lunes 20, docentes de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y del Ciclo Básico Común (CBC) de la UBA trasladaron sus aulas a los ingresos de Ciudad Universitaria y frente al parque de la Memoria para visibilizar el conflicto ante la persistente negativa del Gobierno Nacional.

La convocatoria para el próximo 12 de mayo es a defender la “educación, la universidad pública y la ciencia nacional”. La jornada de protesta tendrá su epicentro en la Ciudad de Buenos Aires y réplicas en todo el país, tal como sucedió en abril y octubre de 2024, y en septiembre de 2025.

Nota originalmente publicada en Agencia TSS