Envejecer en la pobreza

La agenda pública de la Fundación COLSECOR dialoga sobre la situación de las personas mayores, que en nuestro país alcanza el 14% de la población total.

Las estadísticas señalan que en Argentina el envejecimiento poblacional es un fenómeno en alza en las últimas décadas. Por lo tanto, construir políticas públicas estratégicas para acompañar esa tendencia demográfica debería ser una obligación y un desafío mayúsculo.

Sin embargo, las políticas públicas a nivel nacional, suprimieron accesos y derechos fundamentales con consecuencias palpables: pérdida de poder adquisitivo hasta ubicarse por debajo de la línea de la pobreza, recortes en el acceso a la salud (que incluyen la quita de medicamentos muy consumidos por las personas mayores) y violencia institucional.

 

Vivir con una jubilación mínima

Según datos del INDEC, en mayo de 2025 la jubilación mínima ascendía a 296.481 pesos más un bono extra que desde marzo del 2024 se encuentra congelado en 70 mil pesos, mientras que la canasta básica del jubilado -el monto estimado para cubrir gastos elementales de alimentación, vivienda, medicamentos y transporte - se ubicaba en 1.200.523 pesos, al mes de abril.

Es decir, el haber mínimo apenas cubre el 30% de las necesidades de un jubilado, lo que significa que viven por debajo de la línea de la pobreza.

Aunque Argentina arrastra desde hace años el problema de las bajas jubilaciones, quienes cobran la jubilación mínima han perdido ingresos equivalentes a cinco pensiones mínimas sólo en el primer año del gobierno de Libertad Avanza.

Esta situación se traduce en múltiples estrategias de supervivencia.

Según el informe de Colsecor, de acuerdo con un relevamiento reciente de la Defensoría de la Tercera Edad, crece la cantidad de personas mayores que deben seguir trabajando en la informalidad o en tareas esporádicas para poder cubrir sus necesidades básicas.

Los registros oficiales dan cuenta de que, de 9,4 millones de personas con ocupación formal, 783.597 son mayores de 60 años. Pero esos registros dejan afuera a quienes continúan trabajando de modo informal.

“La gente que llega a la edad en que puede jubilarse evita hacerlo. Un trabajador que se jubila pasa a cobrar la mitad de sus ingresos. Hay explotación laboral en la tercera edad porque muchos, por la necesidad de seguir trabajando, aceptan cualquier puesto de baja calificación y en situación de informalidad”, señala Eugenio Semino, defensor de la Tercera Edad y quien preside la Sociedad Iberoamericana de Gerontología y Geriatría.

 

Menos acceso a la salud

En un país donde 5,3 millones de jubilados y pensionados se atienden a través del PAMI, es decir, el 12% de la población argentina y el 60% de sus adultos mayores, los recortes en medicamentos y prestaciones impactan directamente sobre la calidad de vida. En el último año, la obra social redujo la cobertura gratuita de más de 40 medicamentos esenciales. En paralelo, hubo un raid de aumentos en los precios, muy por encima de la inflación.

Además, se volvieron más burocráticos los trámites para acceder a subsidios por razones sociales, con idas y vueltas e información poco clara de parte del Gobierno Nacional, por ejemplo, para los casos en que el costo de los medicamentos represente más del 15% de los ingresos, se podía solicitar una excepción, pero era necesario presentar un informe social, una escala de vulnerabilidad socio-sanitaria y una revalidación médica.

Como si fuera poco, desde el gremio de trabajadores del PAMI (SUTEPA) se denuncia un incremento sostenido en las listas de espera para intervenciones, tratamientos y estudios clínicos, una consecuencia directa del ajuste presupuestario y los despidos en área del PAMI.

“Hay oficinas de agencias que cerraron sus puertas tras los despidos de sus únicos trabajadores. La medida no solo dejó desempleados, sino que obligó a los jubilados a trasladarse a ciudades vecinas para realizar trámites esenciales”, señalan desde sindicato.

 

Déficit habitacional

El acceso a una vivienda digna es otro de los derechos que se vuelve cada vez más inaccesible para una porción significativa de personas mayores en Argentina. Según datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), el 7,25% de la población mayor de 60 años debe alquilar su vivienda.

En este punto, la situación más vulnerable es la de las mujeres: el 57,4% de las inquilinas de más de 60 años son mujeres.

El fin de la moratoria previsional afectará sobre todo a este grupo: por el desigual acceso al mercado de trabajo y la menor posibilidad que tienen las mujeres para completar los 30 años de aportes, “9 de cada 10 tuvo que recurrir a este instrumento para obtener una jubilación”, agrega el informe de la Fundación Colsecor.

 

Al reclamo pacífico, la respuesta policial

En febrero de 2025 se dio inicio a las marchas semanales de jubilados frente al Congreso. Estas se transformaron en un espacio de protesta activa y periódica, en el que comenzaron a confluir otras representaciones críticas al gobierno. La respuesta del Ministerio de Seguridad fue incrementar la acción policial.

Cuesta comprender que el reclamo de los jubilados de cada miércoles sea respondido desde el Estado con brutal represión y vulneración al derecho básico de protesta. Organismos de derechos humanos como el CELS o la Comisión Provincial por la Memoria, desde donde monitorean todos los miércoles las marchas, presentaron denuncias penales en la justicia argentina y ante instancias internacionales como ONU y CIDH.

 

La comunidad, red de contención

Frente al deterioro sostenido de las condiciones de vida de las personas mayores y al repliegue del Estado Nacional, distintos espacios comunitarios han reforzado su papel como redes de cuidado y contención. Asociaciones civiles, clubes de barrio y universidades públicas son hoy algunos de los actores clave en el acompañamiento cotidiano de quienes atraviesan la vejez con escasos recursos económicos.