Endeudar, fugar y contaminar

El golpe militar del 24 de marzo de 1976 cambia integralmente la lógica que articulaba la producción y la sociedad argentina, para reemplazarla por una estructura productiva y distributiva con un bloque de poder hegemónico y una dinámica de funcionamiento diferente en la reproducción del circuito económico.

En lugar de crecer en base al mercado interno, apuntalando el trabajo y la producción local, como mal o bien se venía realizando desde el 4 de junio de 1943, en que los miembros del GOU (Grupo de Oficiales Unidos) derrocaron al conservador gobierno de Ramón Castillo poniéndole fin a la otra “Década Infame”. El nuevo modelo impuesto por la dictadura, orientado y dependiente del exterior, tiene como instrumento clave el endeudamiento y la valorización financiera del capital, la apertura externa irrestricta al comercio y los capitales, y la acumulación rentística y financiera, traducida en retraso de salarios, liberación de precios, revaluación cambiaria, fomento a la desleal competencia externa, así como altas y confiscatorias tasas de interés. El previsible resultado es una caída sin precedentes del nivel de vida de la población.

La ecuación es simple: los ricos de este país, capital local y extranjero que opera en la Argentina, obligan a endeudarse a las administraciones públicas, las que tienen que vender esas divisas al BCRA para que le den pesos y, después, a través de los grandes bancos con que operan, compran esas divisas y las fugan.

La fuga persistente de capital (que no se convierte ni en inversión interna bruta fija, ni en consumo nacional) y la apertura indiscriminada, generan cierre de fábricas, la destrucción de pequeños y hasta medianos comercios, la fusión de empresas y su extranjerización, mayor desocupación y exclusión social

El drenaje de capitales hace que, principalmente, sean funcionales al modelo de acumulación rentística y financiera mundial, la “meca” del mismo es Manhattan, capital financiera de los EEUU, donde está su bolsa de comercio y la sede de la Reserva Federal más grande de ese país que es la de New York.

El ajuste fiscal, económico y social hace que los trabajadores y los pequeños y medianos empresarios ligados al mercado interno pierdan participación en el ingreso. Participación que se apropian las grandes corporaciones locales y extranjeras que operan en el país al aumentar los precios de sus productos y servicios, y con los pesos compran dólares que, después de la devaluación del 12 de diciembre de 2023, se acrecienta a una tasa menor que la inflación (carry trade).

La transferencia de ingresos es de los asalariados y los productores y comerciantes ligados a los bienes y servicios que consumen los trabajadores, a favor de los grandes grupos locales y extranjeros que operan en el país que, a su vez, mayoritariamente transfieren sus compras en divisas al centro financiero de Manhattan.

Una parte retorna al país en forma de crédito externo (y la fundada sospecha de autopréstamo), y ahora se agrava el tema, porque buscan altas tasas de ganancia y la obtienen de la minería y de la energía. La inversión es fundamentalmente extractiva, sin importarle el daño ambiental y el grado de contaminación del aire, del agua, y de la tierra porque es lo que más renta le genera. 

La contaminación presente y futura por el fracking (fracturación hidráulica), lixiviación con cianuro, el uso indiscriminado del agua, etc., es fruto de la fuga de capitales del país, que retoma como crédito y financiación del extractivismo imperante.

Esto explica, por ejemplo, por qué quieren modificar la ley de glaciares, para explotar oro, plata, cobre y demás minerales que se encuentran debajo de los hielos, sin importarle las consecuencias sobre los canales de agua. Con una cotización a noviembre 2025 de 4.000 dólares la onza troy y con perspectivas que siga incrementando su precio, para las grandes mineras la Argentina es un paraíso.  

Y también explica porque en los primeros días de noviembre de 2025, junto a la abogada estadounidense Susan Segal, que preside Americas Society/Council of the America de la Argentina, Javier Milei, Luis Caputo y Santiago Bausili se reunieron en la sede de Nueva York con los administradores y directivos de Newmont Corporation, la mayor exportadora de oro del mundo, de la minera McEwen Copper Inc (proyecto Los Azules, San Juan. Inversión de 2.672 millones de dólares), y de AES (empresa norteamericana que le ganó a la Argentina un juicio en el CIADI por 750 millones de dólares y administra la represa hidroeléctrica Alicurá, y se presentó a la renovación de su concesión), y otras empresas estadounidenses.

 

El tema de la deuda

Obviamente que las sumas de créditos anunciados por el Tesoro de los EEUU y los grandes bancos de ese país (JP Morgan, Wells Fargo Bank, Bank Of America, Goldman Sach, Citigroup, etc.) para nuestro país, después del 7 de septiembre 2025, tuvo un claro fin electoral, junto a la frase de Trump que la ayuda era solo si ganaba Milei.

Vendieron unos 1.900 millones de dólares del Tesoro de los EEUU en el mercado de cambio argentino, a través de los bancos Santander, Citi, y JP Morgan, y pagaron con sus DEG la deuda que venció de la Argentina ante el FMI, del 3 de noviembre de 2025, suma que ya recuperaron y con creces (no sabemos cuál fue la tasa que pagó el BCRA porque nunca la comunicaron).

Lo cierto es que grandes empresas locales, esencialmente mineras, petroleras y bancos, los grandes beneficiados del modelo vigente, tras las elecciones del 26 de octubre de 2025, salieron a tomar deudas en dólares para financiar la expansión de sus proyectos  

Tecpetrol SA (grupo Techint) emitió ON por 750 millones de dólares a 5 años (vence en noviembre de 2030), con una tasa de 7,625% anual.

YPF SA presidida por Horacio Marín (ex Techint), colocó ON por 500 millones de dólares a seis años (septiembre 2031), con una tasa de 8,25% anual.

Pluspetrol SA. (familia Rey Rodríguez y familia Poli) que tiene una deuda por 1.700 millones de dólares, suma con la que compró la participación en Vaca Muerta a Exxon Mobil a comienzos del año 2024. En noviembre 2025vendió una parte de la misma (el 90% de su participación en la concesión Los Toldos II Oeste, en la provincia de Neuquén) a la norteamericana Continental Resources[1], y tomó nueva deuda por 500 millones de dólares, a una tasa nominal anual de 8,375% y a cinco años.

Transportadora de Gas del Sur (TGS) de Pampa Energía y los grupos controlados por las familias Sielecki y Safra, obtuvo 500 millones de dólares a 10 años a una tasa del 8% anual.

Pampa Energía SA colocó ON por 450 millones de dólares con vencimiento a 12 años (2037), pagos semestrales y amortización total al final, y a una tasa de 8,13% anual.

Edenor SA, del grupo Vila-Manzano, tomó 201 millones de dólares en su emisión de ONs adicionales de la Clase 7, que vencen en 2030 a una tasa de 10,375% anual.

Banco Patagonia (80,39% del capital le pertenece al Banco Do Brasil SA) emitió una ON por 47 millones de dólares a una tasa de 6,25% anual con pagos semestrales.

Banco Galicia[2] emitió ON por 144 millones de dólares.

Y también lo hicieron algunos gobiernos provinciales:

La única provincia que había conseguido financiarse en el mercado internacional en el año 2025 fue Córdoba, con un bono de 725 millones a una tasa de 9,75% y vencimiento en 2032.  

Se le suma en noviembre 2025 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que colocó una nueva serie de Bonos Tangos por 600 millones, a una tasa del 7,8% anual.

Y tienen en estudio tomar deuda en el exterior y bajo legislación extranjera, las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, y Chubut

En síntesis, la toma de deuda privada y pública en moneda extranjera hace que aumente la oferta de divisas en el mercado local, pero es deuda no inversión extranjera directa. Además, habría que analizar cuanto de esa deuda es realmente una acreencia en el exterior y cuanto es un autopréstamo, porque no se puede prever el precio del dólar en la Argentina, y los que lo hacen juegan con la posibilidad que cuando se devalúe, conseguir un seguro de cambio para que las empresas transfieran su deuda en dólares al Estado Nacional.

 

Seguro de cambio y megacanje

En 1981, tras reemplazar a José A. Martínez de Hoz, el ministro de Economía, Lorenzo Sigaut, y ante la compra masiva de divisas, se dispuso a favorecer con seguros de cambios la deuda externa de grandes empresas locales. Si bien se iba ajustando el tipo de cambio en un porcentaje mayor que la tasa de interés de los contratos firmados (los beneficiados pagaban en pesos y a la tasa de interés acordada con el BCRA), el esquema derrapa tras la derrota en Malvinas en junio de 1982.  Asume Reynaldo Bignone la presidencia de facto el 1 de julio de 1982, pero el plan económico en la última etapa de la dictadura consistía en transferir el endeudamiento privado de las grandes empresas al Estado, y para eso lo nombran a Domingo Cavallo como Presidente del BCRA, que en dos meses de gestión (julio a agosto de 1982), amplía los seguros de cambio, para que las empresas transfieran su deuda en dólares al Estado Nacional, y el Estado creaba títulos de deuda (BONEX 1982) para pagarle a los acreedores externos (Comunicación A-163 del BCRA del 15/07/1982), con ello, disminuyeron sideralmente la deuda de las grandes empresas nacionales y extranjeras que operaban en el país y, la transfirieron al pueblo argentino. Cumplido ese papel es reemplazado por Julio González del Solar (agosto de 1982 a diciembre de 1983) que continuó y garantizó ese accionar.

Actualmente, el nivel de endeudamiento público y privado es grave y tarde o temprano se iniciará un proceso de reestructuración de deuda soberana emitida por la Administración Pública, donde acreedores privados y organismos multilaterales de crédito acuerdan refinanciar y postergar los pagos en concepto de capital (amortizaciones) a cambio de una mayor tasa de interés sobre la deuda.

No otra cosa sostuvo el economista Emiliano Estrada del Partido Justicialista en una lamentable entrevista que le diera al diario Perfil el 19 de noviembre de 2025. Cuando desde el “Foro de Economía y Trabajo” planteamos el cese total de todo pago de deuda y su investigación exhaustiva, sabiendo que es una estafa.  La deuda aumentó de 340 mil millones de dólares en diciembre de 2015 a 442 mil millones al 31 de octubre de 2025 y no se invirtió ni en obra pública, ni en recuperar el Río Paraná, o la Administración del Puerto de Rosario y de los 100 puertos argentinos todos en manos privadas, etc.

Lo planteado por Estrada es el “Megacanje”, realizado en el año 2001 por Domingo Cavallo, nuevamente ministro de economía nombrado por De la Rúa en mayo de 2001, quien logró firmar un acuerdo con el FMI, para ello obtuvo atribuciones extraordinarias del Congreso de la Nación. Pero, como el retiro de depósitos de los bancos y la compra de divisas persistía, Domingo Cavallo junto a Federico Sturzenegger firmaron el Decreto 648/01 del 4 de junio de 2001, que canjeó los títulos de deuda vigentes por nuevos, por tres años más de plazo, pero reconociendo tasas en dólares del 16 al 18% anual, que aumentó el monto de la deuda sumando capital e intereses, en 53.000.millones de dólares[3]. Por esta operación fueron ambos procesados por la justicia argentina, junto al banquero estadounidense David Mulford.

Eso fue ayer, pero hoy se vuelve a repetir el mismo proceso, esto es, los grupos extranjeros (encabezados por el capital financiero de Manhattan) y los bancos locales que ganaron y ganan mucha plata con los títulos en pesos, que pagan tasas y/o se ajustan por el IPC del INDEC muy por encima de la devaluación de nuestra moneda dejándoles una renta extraordinaria en dólares (el monto de esos títulos al 31 de octubre de 2025 asciende a 148.139 millones de dólares, son títulos en pesos, la conversión a divisas la hace la Secretaría de Finanzas de la Nación), por lo que, una vez agotado el sistema de carry trade, ahí si van a requerir créditos en dólares para  cambiar esos títulos en moneda argentina y jurisdicción local, por bonos argentinos en divisas y con jurisdicción extranjera, o al menos que se reconviertan en títulos dólar linked (que se ajustan por el precio oficial de la divisa), y es lo que pensaban hacer si perdía Milei, como no pasó, continúan con el carry trade.

Obviamente el pueblo argentino debe tomar conocimiento y consciencia de la situación imperante y proponer la investigación necesaria, todo lo demás es funcional a la estafa de la deuda, que desde el Foro de Economía y Trabajo nos oponemos terminantemente y proponemos un plan nacional y popular en defensa del pueblo argentino y de nuestro patrimonio nacional.