El velo estadístico y la fábrica del descarte: la crisis que las cifras oficiales ya no logran maquillar

El relato oficial construido alrededor del «milagro libertario» acaba de estrellarse de manera irrefutable contra la realidad material del pueblo argentino. Tras meses de propaganda gubernamental que pretendió exhibir la desaceleración inflacionaria como sinónimo de éxito macroeconómico, la publicación de los datos de pobreza e indigencia del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) correspondientes al primer semestre de 2026 expone la crudeza de una nueva embestida regresiva. Sin embargo, la superficie de la estadística institucional apenas deja entrever la punta de un iceberg de desposesión y disciplinamiento social.

Un exhaustivo documento elaborado por el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP) —coordinado por Claudio Lozano, Agustina Haimovich, Walter González y Ana Rameri— desarticula metódicamente las operaciones discursivas del Palacio de Hacienda. Bajo el título «El aumento de la pobreza y la indigencia al 1er semestre 2026: La crisis que las cifras oficiales ya no logran ocultar», el informe no solo revela que la pobreza volvió a dispararse y que el promedio semestral esconde una aceleración dramática hacia el segundo trimestre, sino que pone al descubierto las severas distorsiones y limitaciones metodológicas de la medición oficial, diseñadas para sobreestimar las mejoras y disimular el colapso distributivo.

La aceleración del segundo trimestre: 2,2 millones de nuevos pobres

De acuerdo con el promedio semestral difundido por el INDEC, la pobreza alcanzó al 32,3% de la población (15 millones de personas) y la indigencia al 7,5% (casi 3,5 millones), registrando incrementos de 4,1 y 1,2 puntos porcentuales respectivamente en relación al semestre inmediato anterior. No obstante, el IPyPP advierte que el promedio semestral actúa como un anestésico estadístico que diluye la gravedad del proceso.

Al desagregar los datos por trimestre, la velocidad del deterioro salta a la vista:

• El salto de la pobreza: La tasa de pobreza pasó del 30% en el primer trimestre (que trepa al 32,5% si se descuenta el efecto estacional del medio aguinaldo) al 34,6% en el segundo trimestre. Esto significa un incremento de 4,7 puntos porcentuales respecto al cuarto trimestre de 2025, incorporando a casi 2,2 millones de personas adicionales a la pobreza en solo seis meses.

• La agudización de la indigencia: En el segundo trimestre de 2026, la indigencia trepó al 8,5%, lo que representa un salto de 2,4 puntos porcentuales frente a fines de 2025: más de 1,1 millones de personas cayeron en la imposibilidad biológica de cubrir la alimentación básica.

• El piso histórico: Si se descarta el pico artificial provocado por el mega-shock devaluatorio de inicios de 2024, la comparación con el segundo semestre de 2019 demuestra que la gestión libertaria apenas redujo la pobreza en 937 mil personas y la indigencia en 108 mil, consolidando un piso de exclusión estructural idéntico al de las peores crisis del ciclo de endeudamiento.

La trampa metodológica: salarios ficticios y canastas fósiles

El aspecto más contundente del análisis del IPyPP radica en desmontar las inconsistencias científicas de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) bajo la actual administración. La supuesta reducción de la pobreza pregonada durante 2024 y 2025 descansó sobre anomalías de captación de ingresos que no encuentran correlato alguno con los registros administrativos reales de la economía.

Desde el tercer trimestre de 2023, la EPH registra un inverosímil incremento real del 20,1% en los salarios de los trabajadores registrados del sector privado. Sin embargo, en el mismo período, el propio Índice de Salarios del INDEC arroja una caída real del 6,6%. La divergencia es aún más grosera en el sector público: mientras la EPH computa una baja salarial de apenas 4,1%, el Índice de Salarios oficial registra un derrumbe del 23,2%. Idéntica distorsión ocurre en el sector previsional: la encuesta computa una mejora real promedio del 12,7% en haberes contributivos, en contraste con los haberes con bono congelado, que perdieron un 13,6% de poder adquisitivo real.

A este desfasaje empírico se suma una distorsión institucional deliberada: la no respuesta sobre ingresos en la EPH trepó a niveles cercanos al 25%, erosionando la representatividad de la muestra. Peor aún, el INDEC continúa valorizando la Canasta Básica Total (CBT) con la estructura de consumo de la Encuesta Nacional de Gasto de los Hogares (ENGHo) de 2004-2005, cajoneando la encuesta de 2017-2018 que ya estaba lista para aplicarse. Al utilizar una canasta desactualizada donde los alimentos tienen un peso desproporcionado y los servicios esenciales se subestiman, el termómetro oficial ignora el impacto demoledor de los tarifazos.

Entre noviembre de 2023 y junio de 2026, mientras los bienes aumentaron un 269,2% y la CBT un 292,2%, los servicios treparon un astronómico 469,9%. Si la pobreza se midiera con la canasta actualizada de 2017-2018 —donde la vivienda, el agua, la electricidad, el gas y el transporte ocupan su peso real—, la variación de costos acumulada para un hogar inquilino llega al 358%, dejando a millones de familias trabajadoras que hoy figuran como "no pobres" bajo la línea real de la miseria.

Desguace del gasto social y pérdida de empleo

El aumento de la pobreza monetaria es el síntoma visible de un retiro violento y planificado del Estado nacional en su rol de garante de la subsistencia comunitaria. El ajuste no operó exclusivamente licuando partidas: operó cercenando coberturas y cancelando derechos adquiridos.

El balance del recorte social ejecutado por el gobierno nacional exhibe cifras criminales:

• Desamparo a las juventudes y trabajadores: 875 mil jóvenes fueron despojados de las becas Progresar. A su vez, 400 mil personas fueron excluidas del ex programa Potenciar Trabajo en una primera fase, para luego consumar su cierre definitivo, dejando a otras 900 mil personas absolutamente desamparadas sin transferencias directas.

• Vaciamiento sanitario: La entrega de medicamentos esenciales a través del histórico programa Remediar se redujo un 58%, suprimiendo 18 millones de tratamientos médicos en centros de atención primaria, a lo que se sumó la poda en la cobertura de medicamentos gratuitos para jubilados en el PAMI.

• Destrucción del empleo formal: Lejos de estabilizarse, la sangría de puestos de trabajo asalariados registrados en el sistema de seguridad social (SIPA) acumuló una destrucción continua de 20.316 empleos en el primer semestre de 2025, 93.308 en el segundo semestre de 2025 y otros 59.392 puestos formales en la primera mitad de 2026.

• Demolición de la obra pública y asistencia: En el primer semestre de 2026, el gasto social de la Administración Pública Nacional cayó un 21,8% real comparado con 2023. Las caídas son terminales: Vivienda y Urbanismo cayó un 99,4%; Agua Potable y Alcantarillado un 91,9%; Promoción y Asistencia Social (que incluye el abastecimiento de comedores comunitarios) un 75,5%; y Educación y Cultura un 50,2%.

La subsistencia a crédito y la hipoteca del hogar

La contracara cotidiana de la demolición de los ingresos y el repliegue del Estado es la liquidación del patrimonio familiar y la subordinación a la usura financiera. La pobreza ya no se mide únicamente por los billetes que ingresan al hogar a fin de mes: se expresa en la destrucción de los ahorros acumulados y en el empeñamiento del futuro para poder alimentarse en el presente.

De acuerdo con el informe del IPyPP, el 40,3% de la población debió recurrir de manera directa a sus ahorros para costear gastos cotidianos de subsistencia. Al mismo tiempo, el 18,7% se vio forzado a pedir préstamos a familiares o amigos y el 17,3% recurrió al endeudamiento con bancos y financieras. Este proceso adquiere un carácter abiertamente regresivo: la morosidad trepó a registros históricos en los préstamos de bajo monto y en las deudas contraídas a través de billeteras virtuales, el canal predilecto mediante el cual los sectores populares intentan tapar el bache cotidiano.

El derrumbe del consumo masivo confirma esta agonía. A julio de 2026, las ventas en supermercados se derrumbaron un 11,3% en términos reales respecto a noviembre de 2023, mientras que en los autoservicios mayoristas el desplome alcanzó un devastador 20,8%. Pero el dato más elocuente del disciplinamiento financiero sobre la mesa familiar es el avance del plástico: las compras de alimentos en supermercados canceladas con tarjeta de crédito saltaron del 37,7% a fines de 2023 al 43,6% en el primer semestre de 2026. El pueblo no utiliza el crédito para adquirir bienes durables ni para proyectar mejoras de vida; se endeuda con tasas confiscatorias simplemente para poder comer.

Un modelo de descarte que exige respuesta popular

Los datos del IPyPP demuestran que el aumento de la pobreza y la indigencia no es un desvío técnico ni un error involuntario de la administración libertaria. Es el resultado intrínseco de un régimen de acumulación que necesita deprimir los ingresos populares, disciplinar a la clase trabajadora mediante el desempleo y desmantelar los amortiguadores sociales para garantizar la remisión de renta extraordinaria hacia el capital financiero y los enclaves extractivos transnacionales.

Pretender que la desaceleración de la inflación resuelve por sí misma la cuestión social es una falacia insostenible cuando los precios de los servicios y los alimentos siguen escalando por encima de ingresos pulverizados. El congelamiento deliberado de la ayuda social, la asfixia a los comedores populares y el endeudamiento de las familias configuran una estrategia de tierra arrasada.

Frente al velo de estadísticas manipuladas y la naturalización de la miseria, la tarea del movimiento popular no puede limitarse a la espera pasiva de los calendarios electorales. La disputa por la distribución del ingreso, por la recomposición salarial, por la restitución del gasto social y por el control sobre los precios de los bienes esenciales es la condición primera para frenar el descarte planificado de millones de compatriotas. La soberanía nacional empieza por garantizar la vida y el pan en cada rincón de la patria.