El pago de la deuda: con empresas públicas y nuestros recursos naturales
¿Cuál es la razón por la que la Argentina recibe una cantidad irrisoria de dólares como préstamo, cuando no puede pagar ni la mitad de los intereses de una deuda que acrecientan intencionalmente? Es la pregunta que expone y responde Horacio Rovelli en su análisis semanal.
En la “Ampliación del acuerdo en el marco del fondo ampliado con el FMI” firmado por Luis Caputo como Ministro de Economía y Santiago Bausili como presidente del BCRA, de abril de 2025, se asevera que la Administración Nacional registró un superávit primario de caja de aproximadamente el 1,8 % del PIB (equivalente a unos 9.000 millones de dólares) el año 2024 y que el ajuste se debió principalmente a una fuerte contracción del gasto primario (30% interanual), con profundos recortes en subsidios, pensiones, transferencias provinciales y gastos de capital, a lo que se sumó el veto del presidente Milei a iniciativas de gasto del Congreso de la Nación Argentina de aumento del presupuesto en educación superior y jubilaciones pensiones.
También afirman que la continua y estricta disciplina del gasto, junto con las reformas fiscales en los ámbitos de impuestos, coparticipación en los ingresos y pensiones, debería seguir reforzando el ancla fiscal. Se proyecta que el superávit primario aumente a alrededor del 2,5 % del PIB a medio plazo (equivalente a unos 12.500 millones de dólares), ya que se espera que los costos generales de los intereses aumenten en consonancia con una flexibilización gradual de las restricciones cambiarias y la refinanciación prevista de los bonos en divisas.
A confesión de parte relevo de pruebas. En efecto, el gobierno capitaliza intereses que no puede pagar por la magnitud que tiene la deuda pública, que no trepidan en aumentar sistemáticamente. Sabiendo que la misma no se puede cancelar, ni del flujo presupuestario, ni del flujo comercial. Y el default de la deuda solo va a ser paliado por la venta de las empresas públicas y la concesión en el marco del RIGI (Régimen de Incentivos a Grandes Inversiones) de nuestros recursos naturales.
La deuda bruta de la Administración Nacional al 31 de marzo de 2025 (último dato publicado) es de 473.557 millones de dólares, el gobierno de Javier Milei ha incrementado la deuda en 102.883 millones de dólares
A esa deuda debe sumarse los 20.000 millones del FMI y los créditos de los organismos internacionales de abril 2023, cuando los intereses que devenga la misma ronda el 50% del total del gasto público, que base caja fue de $ 30,3 billones al primer trimestre 2025.
El superávit financiero del primer trimestre 2025 fue de $1,3 billones, cuando los intereses que se capitalizaron en las letras y notas capitalizables (LECAP y NOCAP), y en las LEFI, en igual período 2025, fue por un total de $ 4,87 billones, suma que supera incluso el superávit primario de $ 4,36 billones.
Igual sucede con la cuenta corriente de la Balanza de Pagos, que es negativa al superar el gasto en los servicios reales (Royalties, fletes, turismo, seguros, comunicaciones, etc.) y financieros (intereses de la deuda y giro de utilidades a las casas matrices en el exterior) al cada vez menor superávit comercial.
Centrándonos en el tema fiscal, el problema se agrava porque aproximadamente el 60% de las colocaciones de LECAP no superan los 60 días de plazo, con lo que vencen en el mismo año 2025, y el total de la deuda en pesos (de los distintos títulos en pesos) al 31 de marzo de 2025 es de (convertido en dólares por la Secretaría de Finanzas de la Nación) 154.008 millones de dólares. La tasa en pesos de la licitación del 27 de marzo de las LECAP de marzo 2025 fue del 2,8% mensual, por ende, el total de la deuda en pesos ajustada por esa tasa implica un interés promedio de 4,2 billones de pesos por mes, cuando el gasto mensual de la Administración Nacional (en salud, educación seguridad, jubilaciones y pensiones, en personal en las FFAA, en todo el gasto público) es de aproximadamente 10,1 billones de pesos mensuales. Si no capitalizan no pueden pagar los intereses de la deuda en pesos.
Si contabilizamos la deuda en divisas que al 31 de marzo 2025 asciende a 166.223 millones de dólares, y que devenga una tasa mensual promedio de 0,58% anual, implica un gasto mensual en divisas de aproximadamente 1.000 millones de dólares, que pagan una parte, pero que la diferencia también debe capitalizar y refinanciar.
Finalmente, la deuda con organismos internacionales y con las LEFi (Letras Fiscales) que son los títulos que el Tesoro de la Nación emitió para cambiarlos por Leliq y Notaliq, que eran títulos de deuda del BCRA, que suman al 31 de marzo de 2025: 153.327 millones de dólares, demuestra que la deuda es impagable por monto y por vencimientos, que obliga al gobierno a inventar mecanismos de capitalización de la deuda.
Esto es tan así que en la licitación de títulos de deuda en peso que hizo la Secretaría de Finanzas de la Nación, el lunes 14 de abril 2025, donde colocó $ 5,5 billones, las LECAP fueron por $ 3,7 billones.
El ajuste permanente
Debe tenerse en cuenta la política de desfinanciar al sistema previsional con la eliminación del Impuesto PAIS (el 65% se destinaba a la ANSeS y 5% de su recaudación al PAMI) y que el ministro de economía, Luis Caputo, le prometió a la Mesa de Enlace del “campo” en enero 2025, que se va a eliminar el Impuesto al Cheque, en que el 70% va al SIPA (Sistema Integral Previsional Argentino). En paralelo, el gobierno de Milei decide que desde el 23 de febrero de 2025 no haya más moratoria previsional y aquellos que se jubilan y no tienen 30 años de aporte y demuestren insolvencia, van a percibir el PUAM (Prestación Universal al Adulto Mayor) que es el 70% de la jubilación mínima. Ante el desfinanciamiento al sistema previsional por el mismo gobierno provocado, reduce el gasto.
Se obra de igual manera con las transferencias corrientes (subsidios a las familias – planes sociales-, a la energía, al transporte, a las provincias, a las universidades, etc.), y en la obra pública.
La situación financiera y de endeudamiento de la Administración Nacional es la que explica el sometimiento al FMI. Sin posibilidad de obtener financiamiento en los llamados mercados voluntarios, debió endeudarse colocando REPO (Repurchase Agreement) que es un acuerdo financiero en el que se vende un activo a cambio de dinero, con el compromiso de recomprarlo en el futuro. Trató de hacerlo con las barras de oro, pero la Jueza Loretta Preska pidió el delivery obligando a Argentina a informar de la operación y, ante la posibilidad que cuando el gobierno quisiera recuperar la garantía, considerando que se trata de una operación comercial, pierda la protección de la inmunidad soberana, desistió de hacerlo. A cambio de ello concretó el REPO con megabancos privados por 1.000 millones de dólares, otorgando como garantía 3.000 millones de dólares en BOPREAL.
La situación se tornó critica a fines de marzo 2025. Las reservas brutas del BCRA que ascendían a 31.008 millones de dólares al 30 de diciembre 2024, eran de 24.704 millones el 11 de abril a las 15 horas (disminuyeron en tres meses y 11 días en 6.300 millones de dólares). Ese día, el BCRA vendió reservas por 398 millones de dólares y a las 18 horas, el inefable ministro Luis Caputo, anunció el fin del crawling peg del 1% mensual del dólar oficial y que se instrumentaba una “banda de flotación” con un piso de $ 1.000 y un techo de $ 1.400 por dólar.
También anunció una ampliación del crédito con el FMI por 20.000 millones de dólares y otros créditos con organismos internacionales por 3.600 millones de dólares más.
También en el documento firmado con el FMI, se afirma que el Ministerio de Economía acumuló un superávit primario de 4,5 billones de pesos en los primeros tres meses del año (se refiere al superávit primario base caja que fue de $ 4,36 billones), y necesitarán estirarlo hasta los $ 6 billones durante abril y mayo para poder cumplir con la primera meta fiscal comprometida ante el Fondo Monetario Internacional.
Finalmente, en la “Ampliación del acuerdo en el marco del fondo ampliado con el FMI” de abril de 2025, con la firma de Luis Caputo como ministro de Economía, y de Santiago Bausili como presidente del BCRA, se aceptó que se privatizarán las empresas comprendidas en la Ley 27.742, que fuera publicada en el B.O del 8 de julio 2024 que son:
ENERGÍA ARGENTINA S.A.
INTERCARGO SAU
Privatización / Concesión
AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A.
BELGRANO CARGAS Y LOGÍSTICA S.A.
SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA S.E. (SOFSE)
CORREDORES VIALES S.A.
En síntesis
¿Cuál es la razón por la que le prestan a la Argentina cuando no puede pagar ni la mitad de los intereses de una deuda que acrecientan intencionalmente?
Es que, al no poder pagar, solo nos libran del default (cesación de pagos) si damos a cambio y a precio vil, nuestras empresas públicas. Incluso recordemos que en el proyecto original de la llamada ley Base (luego ley 27.742) estaba el Banco de la Nación Argentina, Aerolíneas Argentinas, los medios de comunicación, y hasta YPF SA.
Como sostiene el “Foro de la Economía y Trabajo” en su documento del 14 de abril de 2025: NO PAGAR ES UNA RESPONSABILIDAD INEXCUSABLE
“Es una responsabilidad inexcusable afirmar que la Nación Argentina tiene que negarse a pagar, pues el acuerdo anunciado se concretó incumpliendo la legislación argentina y el convenio constitutivo del Fondo. Se lo hizo sabiendo que esta deuda es impagable, como expresa el informe del staff del FMI[1] y como manifestó una importante directora del organismo al negarse a firmar la autorización del acuerdo[2]. Y también sabiendo de cuales son y serán sus negativas consecuencias encadenadas, una vez más, a la fórmula del interés compuesto.
La responsabilidad de acuerdo a la Constitución Nacional está en cabeza del Congreso de la Nación y también de un poder judicial que sepulta las denuncias sobre las deudas con el Fondo Monetario desde hace más de 40 años.
La salida de esta crisis (reiterada) no necesita ni puede seguir pasando por continuas devaluaciones y shocks regresivos en la distribución del ingreso, en detrimento de los trabajadores y en favor de las grandes corporaciones económicas y financieras. Es necesario cuidar las divisas y deben tomarse decisiones inmediatas en este sentido[3]”.
En síntesis: que se suspenda todo pago de la deuda por fraudulenta, no es posible que siendo la deuda pública nacional de 240.703 millones de dólares cuando finalizó el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (el 60% de la misma era intra sector público, en poder del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSeS, de los bancos oficiales, de distintos fondos fiduciarios argentinos, etc.) y pasó a ser de 473.557 millones de dólares en marzo de 2025 al que debe sumarse el nuevo endeudamiento con el FMI y los organismos internacionales de crédito
Con ese nivel de endeudamiento y no se recuperó el río Paraná, ni los puertos que se tienen sobre el río, no se creó una marina mercante estatal, no se construyó un millón de viviendas, etc. etc., no se compró un ladrillo.
[1] "The Sovereign Risk and Debt Sustainability Framework (SRDSF) tools indicate that debt is sustainable but not with high probability, and overall risks of sovereign stress are high", p. 63.
[2] Se trata de Ceyla Pazarbasioglu, Directora del Departamento de Estrategias, Políticas y Evaluación del FMI.
[3] “El problema que tiene nuestro país es una determinante y crónica desarticulación de los “precios relativos”: el acoplamiento injustificado de los precios internos a los externos (en dólares). Precios, en muchos casos, superiores a los internacionales. Aún para productos clave para los que país cuenta con condiciones excepcionales, como los alimentos y la energía; pero también por el comportamiento de sectores que, por su posición monopólica, están en condiciones de “aumentar precios por si acaso", tal como se observa en servicios públicos y en relación a servicios básicos, productos de enorme impacto (medicamentos) e insumos difundidos básicos (acero, cemento, aluminio, petroquímicos, entre otros).
No es que falten divisas. Lo demuestra el hecho de que Argentina es el único país importante de América Latina que ha venido teniendo en los últimos años un permanente superávit de la balanza comercial en la cuenta corriente de su balance de pagos.
Lo que sucede que hay evasión y elusión impositiva, fuga de capitales, y la señalada malversación de las reservas del Banco Central en el “carry trade, como también sucedió con los fondos resultantes del blanqueo de 2024.