El nuevo oro del siglo XXI: el Congreso debate la entrega de las tierras raras

El Congreso argentino se apresta a discutir una reforma que podría definir el modelo de explotación de los recursos minerales del país para las próximas décadas. La Comisión de Minería de la Cámara de Diputados, presidida por la catamarqueña Fernanda Ávila, analizó esta semana tres proyectos de ley que buscan incorporar a las tierras raras como minerales de primera categoría dentro del Código Minero. Las iniciativas, presentadas por Silvana Giudici (LLA), Carlos Snopek (UP) y Jorge Rizzotti (Provincias Unidas), coinciden en un punto central: abrir la puerta a la explotación de estos 17 elementos químicos esenciales para la transición energética y la industria tecnológica.

El contexto geopolítico de una guerra silenciosa

Las tierras raras son el nuevo petróleo del siglo XXI. Son los componentes fundamentales de los motores eléctricos, las turbinas eólicas, los teléfonos inteligentes, los misiles guiados y los sistemas de defensa. Estados Unidos las necesita para su reindustrialización y su carrera tecnológica. China, que hoy concentra el 90% del refinamiento mundial y más del 90% de la producción de imanes permanentes, las utiliza como arma geopolítica. En 2025, el Departamento de Energía de EE.UU. clasificó 13 minerales como críticos, de los cuales 6 son tierras raras. La guerra por su control ya está en marcha.

Argentina, con un potencial estimado de entre 3 y 3,5 millones de toneladas de tierras raras sin explotar, se ha convertido en un tablero de esta disputa. El gobierno de Javier Milei firmó en febrero de 2026 un acuerdo con Estados Unidos para la explotación de minerales críticos, que incluye litio, cobre y tierras raras. Ese acuerdo, celebrado por la Casa Blanca como un “paso estratégico” en la competencia con China, otorga a Washington un acceso preferencial a los recursos argentinos. La alineación con Estados Unidos es explícita y no deja espacio para el desarrollo soberano.

La reforma del Código Minero: el caballo de Troya legislativo

El proyecto de ley impulsado por Giudici, que cuenta con el respaldo del subsecretario de Desarrollo Minero, Mario Ricardo Thiem, propone incluir a las tierras raras en el artículo 3° del Código de Minería y, al mismo tiempo, incorporarlas al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Eso significa que las empresas que exploten estos minerales podrán acceder a los beneficios del RIGI: exención de derechos de exportación, reducción de la alícuota de Ganancias al 15%, libre disponibilidad de divisas y estabilidad fiscal por 30 años.

El argumento oficial es que la reforma dará “certeza jurídica” y atraerá inversiones. El director nacional de Geología del SEGEMAR, Martín Gozálvez, expuso ante los diputados que Argentina tiene depósitos pequeños de tierras raras en Salta, Jujuy, Santiago del Estero y San Luis, pero que necesita inversión en exploración porque los depósitos “están poco estudiados y estudiados con tecnologías antiguas”. La lógica es simple: para saber cuánto tenemos, primero tenemos que dejar que las multinacionales vengan a buscar.

El neocolonialismo del siglo XXI

Lo que está en juego no es una reforma técnica. Es la consolidación de un modelo de enclave extractivo que ya conocemos. El litio, el cobre, el gas de Vaca Muerta y ahora las tierras raras: el patrón se repite. Argentina aporta el territorio, el recurso, la energía y la mano de obra. Las corporaciones extranjeras —con el respaldo de sus gobiernos— se llevan la renta, el control de la cadena de valor y la decisión sobre el destino del recurso.

La designación de las tierras raras como “minerales de primera categoría” implica que pertenecen de forma exclusiva al Estado, pero la concesión se otorga al descubridor mediante una concesión legal, independientemente de quién sea el dueño de la tierra. El Estado conserva la titularidad formal, pero pierde el control efectivo. La empresa que explota el yacimiento decide qué extraer, cuándo exportarlo y a qué precio. El Estado solo cobra las regalías, que en el marco del RIGI serán exiguas.

El Observatorio de Tierras del CONICET ya ha documentado que el RIGI y la ofensiva legislativa del gobierno nacional buscan facilitar la extranjerización de la tierra. El acuerdo con Estados Unidos es parte de esa misma lógica. No se trata de desarrollar una industria nacional de tierras raras, de generar empleo calificado, de instalar plantas de refinamiento o de fabricar imanes en el país. Se trata de extraer el mineral en bruto, exportarlo y fugarse las divisas.

Las consecuencias de un modelo sin soberanía

La experiencia con el litio y con Vaca Muerta ya nos mostró el resultado de este modelo. Las empresas extranjeras se llevan las ganancias, el Estado resigna recursos fiscales y las comunidades que viven en los territorios de extracción sufren los impactos ambientales y sociales sin ver un peso de la renta generada. La minería de tierras raras no es diferente. Los depósitos se concentran en provincias del norte y centro del país —Salta, Jujuy, Santiago del Estero, San Luis—, donde la infraestructura es precaria y la capacidad de control estatal es limitada. La llegada de megaproyectos mineros, con el respaldo del RIGI, no traerá desarrollo: traerá despojo.

El propio Gozálvez reconoció que el litio sigue siendo crítico para las economías desarrolladas porque, aunque Australia ya no domina la producción, el 60% del refinamiento se hace en China. El control de la cadena de valor es lo que da poder. Argentina, bajo el actual esquema, no solo no controlará la cadena de valor de las tierras raras: ni siquiera controlará la primera etapa de la extracción. La reforma del Código Minero y la incorporación al RIGI son el paso previo a la entrega total del recurso.

El rol de Estados Unidos en la ofensiva legislativa

La visita de Kristalina Georgieva a Vaca Muerta y la firma del acuerdo de minerales críticos con Washington no son hechos aislados. Son parte de una misma estrategia: posicionar a la Argentina como un proveedor de recursos para las potencias, no como un país con capacidad de desarrollo tecnológico propio. El acuerdo con Estados Unidos, firmado en febrero de 2026, “otorga a Washington un mayor acceso a minerales críticos”, en una clara disputa con China por el control de las tierras raras. El gobierno de Milei no solo no negocia condiciones soberanas: las entrega.

El proyecto de ley de Giudici, que cuenta con el respaldo del oficialismo y de sectores de la oposición, es el instrumento legislativo que permitirá a las empresas estadounidenses, europeas y canadienses acceder a los recursos argentinos con las máximas garantías legales y los mínimos costos fiscales. La reforma del Código Minero no es una política de desarrollo. Es una política de subordinación.

Un debate que no admite neutralidad

La discusión sobre las tierras raras en el Congreso no es un debate técnico. Es un debate político sobre el modelo de país que queremos. El gobierno de Milei, alineado con los intereses de Washington, apuesta por un modelo extractivista y dependiente, donde la Argentina es un proveedor de materias primas para la reindustrialización de las potencias. Ese modelo ya lo conocemos. Es el mismo que nos condenó a ser un país de recursos, no de industrias. Es el mismo que nos dejó con pobreza en las provincias mineras y riqueza en los balances de las corporaciones. Es el mismo que, con el RIGI y los acuerdos con Estados Unidos, está consolidando una nueva generación de enclaves coloniales.

El Congreso tiene la oportunidad de frenar esta entrega. De debatir no solo si las tierras raras son minerales de primera categoría, sino bajo qué condiciones se van a explotar. De exigir transferencia tecnológica, desarrollo de proveedores locales, industrialización en el país y soberanía sobre los datos y los recursos. Pero para eso, primero hay que reconocer que la reforma del Código Minero no es inocente. Es el caballo de Troya de un modelo que ya conocemos. Y que, una vez más, nos deja del lado de los que pierden.