El fin del programa financiero del JP Morgan

Primero devaluaron en más de un cien por ciento, para asegurarse a posteriori la compra de las divisas a un precio menor que la tasa de interés (carry trade)

El plan lo hemos vivido desde 1975 tras el “rodrigazo”, primero una brutal devaluación de nuestra moneda y luego la “tablita” cambiaria de Martínez de Hoz, para garantizar la renta en pesos de los títulos públicos y privados del país, para posteriormente, cuando han usufructuado del mecanismo hasta el límite, volver a devaluar y así sistemáticamente cada siete años (1975, 1982, 1989, 1995, 2001).

El que lo frenó fue la administración kirchnerista porque el eje fue el mercado interno, la producción y el trabajo.  Pero retoma en la gestión de Cambiemos y, cuando el proceso estallaba en junio de 2018, lo salvó la administración de Donald Trump haciendo que el FMI le preste 45.000 millones de dólares.  Y volvía a derrapar en el año 2025, cuando el FMI en abril de ese año, amplió el préstamo de facilidades extendidas en 14.000 millones de dólares, y cuando aun así se ponía en duda que el gobierno controlara la situación, el swap de monedas firmado por 20.000 millones, de los cuales se instrumentó en octubre y los primeros días de noviembre 2025, unos 2.700 millones de dólares[1].

La explicación de que esta vez sería distinto es por la importancia de nuestros recursos naturales que se apropian a precio vil, como de la concesión y/o venta de activos públicos que pertenecían a todos.  Ese negocio significaba un ingreso en divisas importante y sistemático, que permitía continuar con el carry trade.

En un trabajo titulado “¿Adónde van los dólares de Vaca Muerta?  De  EJES (Enlace por la Justicia Energética y Socioambiental), y bajo el sub título: “Divisas que llegan para salir: la deuda externa de las energéticas” afirman: “Tanto o más importante que el incremento del flujo de divisas comerciales provenientes de la exportación de shale de Vaca Muerta, fue el aporte de dólares financieros que las empresas del sector ingresaron a la economía a través de su endeudamiento externo: el stock de deuda externa de las petroleras se expandió de manera exponencial en los últimos años. El endeudamiento externo funciona como el respirador artificial del modelo económico libertario, con la deuda privada como protagonista.

De los 22.617 millones de dólares que el sector privado ingresó al país desde enero 2024 por esta vía,14.441 millones —es decir, casi el 64% del total— fueron aportados por las empresas energéticas. Sin este flujo de divisas financieras, el esquema cambiario vigente se habría derrumbado hace tiempo.

Las empresas locales y extranjeras que operan en la Argentina, obtuvieron importantes prestamos que, al convertirse en pesos, aumentaron la oferta de divisas en el país, a lo que debe sumarse la deuda tomada por los gobiernos de Macri, Fernández, y Milei, colocando títulos de deuda pública y con el FMI y otros organismos internacionales de crédito.

Es más, el ingreso de divisas financiaba el carry trade y parte del pago de los intereses de la deuda pública acrecentada desde la asunción del gobierno de Cambiemos, que el de Fernández no solo no investigó, sino que le dio pingues negocios a los bancos mediante los encajes (efectivo mínimo) remunerados (Pases, Leliq, y Notaliq).

La administración de Alberto Fernández no solo convalidó la deuda con el FMI (que no fue autorizada por el Congreso de la Nación) y toda la deuda heredada de la gestión de Cambiemos que no fue investigada, pese a haberse comprometido a hacerlo, sino que, le pagó a los bancos intereses por encajes remunerados, dinero captado por los bancos que no se utilizó, que al 30 de noviembre de 2023 sumaban $ 24.166.330 millones (convertido al tipo de cambio oficial más de 60 mil millones de dólares), y si lo medimos por el PIB, representaba el 13,2%, porcentaje mayor que todo el crédito dado por el sistema financiero oficial que apenas superaba el 11% del PIB, cuando en campaña Alberto Fernández dijo que entre los jubilados y los bancos prefería a los primeros.

Caputo-Bauisili lo resolvieron fácil, mediante el “canje forzoso de los pasivos remunerados del BCRA por deuda directa del Tesoro nacional” (convirtieron un problema del BCRA con los bancos en deuda pública), todo en conjunto genera una deuda de tal magnitud, que no se puede pagar la totalidad de  los intereses que devenga, de allí que se capitalizan en gran parte, y a la vez, el gobierno permite y propicia que se concentren las acreencias en pocas manos, donde el capital financiero de Manhattan es hegemónico.

El problema se agrava porque los dólares producidos de las exportaciones en la economía local, una parte creciente de esas divisas se canaliza hacia las casas matrices, mediante giros de dividendos, préstamos intra firma, y operaciones con filiales radicadas en guaridas fiscales, una tendencia que el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) habilita y profundiza por la falta de controles actuales, y porque al quinto año del proyecto, quedan liberados de la obligación de liquidar sus exportaciones en el mercado de cambios.

El problema se agudiza cada vez más cuando observamos que pasó en los primeros nueve meses de este año 2026.

Y explica porque ante la magnitud del superávit comercial, incluso con la financiación del FGS (Fondo de Garantía de Sustentabilidad) de la ANSES  en que el 77,2 % de sus activos de $123,4 billones (equivalente a unos 79.600 millones de dólares) financian la deuda pública, sin embargo, se capitalizan intereses hasta septiembre de 2026 por 86.953 millones de dólares.

 

El principio del fin

El 6 de julio 2026 el ministro Caputo, junto a José Luis Daza y Federico Furiase presentaron el Programa Financiero 2026 y 2027, por un lado, sostenían que iban a tener, este año, más ingresos por financiamientos que pagos por 3.700 millones de dólares que conformaba un colchón para el año 2027 (lo que no sucedió ni va a suceder), y, por otra parte, que se iban a colocar Bonares por un total de 5.000 millones de dólares más. Y omitieron los vencimientos de Bopreales (que es el que financia las importaciones y las prefinanciaciones de exportaciones) por 5.000 millones de dólares que vencen el 31 de octubre de 2027 porque es deuda en cabeza del BCRA

Conminados por el FMI a explicar la política monetaria, en agosto de 2026 el presidente del BCRA, Santiago Bausili, no pudo responder un faltante contable de 4 billones de pesos (el equivalente aproximado a 2.600 millones de dólares[2]), y dio como respuesta: “No creo que hayan desaparecido. Estoy seguro de que, si buscamos bien, en algún lado están”.

Y no solamente sacaron 37 toneladas de oro del BCRA, que representan cerca del 60% de las reservas totales del país, con rumbo incierto, sino que las vendieron en marzo de 2025 para ofrecer dólares en el mercado cambiario local, y de esa manera frenar la corrida cambiaria. Oro que volvieron a comprar tras la ayuda del FMI, de los EEUU, y las elecciones de octubre de ese año, pero debieron pagar por diferencia de precio del oro, más otras costas, la suma de 1.323 millones de dólares que sacaron impunemente del BCRA.

Si Santiago Bausili reconoció que uno de los contratantes era el Deutsche Bank, donde trabajó nueve años y llegó a ser jefe de la mesa de dinero. Cuando Santiago Bausili y Luis Caputo eran las máximas autoridades y por ende operadores en finanzas de la Administración Nacional durante la gestión de Mauricio Macri, el Deutsche Bank era el principal banco colocador de títulos de deuda pública argentina, y fueron acusado de incurrir en el delito de negociaciones incompatibles con la función pública (art. 265 del Código Penal). Es más, Bausili recibió de dicho banco y estando en la función pública, un bono de 100.000 euros en efectivo más un paquete de acciones de la entidad financiera valuado en aproximadamente 179.745 dólares.

La pregunta obligada es  como va a responder el mercado cambiario y financiero, y los depositantes de los bancos del sistema, ante la suba constante de la tasa de interés que debe pagar la Administración Nacional (conocido como tasa de riesgo país, que se suma a la tasa de referencia de la de los EEUU) ante  la magnitud de la deuda bruta, y  de los vencimientos tanto en pesos (se estima en $ 117 billones, equivalente a unos U$s 75.000 millones) como en dólares (por U$s 23.621 millones) de la deuda pública Argentina en lo que resta del mandato.

La incertidumbre se traslada a los bancos donde el encaje de los depósitos en dólares captados por las entidades financieras del sistema legal argentino ronda los 19.000 millones de dólares.

Es cierto que gran parte de los depósitos en dólares se generaron por la cuenta CERA del blanqueo de capitales, es gente que ha sabido evadir fortuna del país y deben tener asesoramiento de los bancos del exterior.  Pero también no es menos cierto que Luis Andrés “Toto” Caputo en su DDJJ impositiva declaro depósitos y ahorros fuera del país por $12.422 millones (unos U$s 8 millones), incluyendo una cuenta corriente en dólares en el exterior por $11.739 millones (Unos 7,5 millones de dólares). Por lo tanto, la confianza no es absoluta.

 

En síntesis

Después de haber empobrecido al país y generar feudos como el RIGI, de haberle reducido la presión impositiva a los ricos, y aumentar los impuestos y la quita de subsidios a la población, de desregular la economía (alquileres, tasa de interés, precios, etc.), colapsa el mecanismo financiero y cambiario, en una corrida cambiaria y bancaria que no pueden detener y que les imposibilita pagar ni tan siquiera una parte de la deuda pública, y con ello el fin de la actual administración y el juicio político a Javier Milei.

Juicio político que se sustenta en la incompetencia manifiesta en el cargo, abuso de autoridad, incumplimiento de la Constitución Nacional que juró observar y hacer cumplir, irracional recorte del gasto público que incluye la quita de medicamentos oncológicos, desmantelamiento de la asistencia por discapacidad (ANDIS), y en la prevención de desastres que atenta directamente contra el derecho a la vida, etc.

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