Deuda externa, ajuste y sumisión: el programa financiero que hipoteca el futuro
El gobierno de Milei prioriza el pago de la deuda externa por sobre cualquier política social o productiva. Con un endeudamiento que creció 100% desde 2015, el plan 2026-2027 se sostiene con préstamos de organismos internacionales, emisiones locales y compra de dólares al BCRA, mientras la morosidad bancaria se triplica y la pobreza avanza. La adhesión al Pacto de Pax Silica consolida la entrega de recursos naturales a cambio de financiamiento, en un contexto de silencio cómplice del Congreso.
En primer lugar, y demostrando cuál es el rango de prioridades de esta administración nacional, el equipo de economía presentó el lunes 6 de julio de 2026 el plan de pago de las obligaciones generadas por la deuda externa del corriente año 2026 y, para el año 2027.
Deuda que no se investiga ni audita y que se acrecienta desde diciembre de 2015 en un 100%, y ese porcentaje incluso es mayor si tomamos la deuda del BCRA en REPOs y en BOPREALES (títulos que, por no tener los dólares, les dieron a los importadores y que cotizan en los mercados de valores del país), y los pases contables entre el Tesoro de la Nación y el BCRA. La deuda crece principalmente por los intereses que se capitalizan al no poder pagarse.
En el período mayo 2026 - diciembre 2015, la deuda en divisas (deuda externa) creció en 172.613 millones de dólares (casi 3 veces más), y la deuda bruta (obligaciones en pesos y en divisas) lo hizo por un total de 238.608 millones de dólares. Y la Argentina tiene cada vez más pobres, más excluidos, trabajadores mal pagos; la mayor parte de las jubilaciones y pensiones perciben un haber por debajo de la línea de pobreza que registra el INDEC. El aparato productivo está seriamente dañado, con cierre de establecimientos, rotura de las cadenas de pago, etc. La infraestructura que se desarrolla es la que está ligada a la extracción, acopio y comercialización internacional. Basta ver las rutas nacionales del interior del país, el estado de los hospitales y escuelas públicas, el deterioro constante de los servicios del Estado, para saber que la deuda no se emplea en mejorar la capacidad productiva y social del país. Al contrario, una minoría parásita y rentista se apropia, al fijar los precios (incluidos los intereses), de un excedente cada vez mayor que le permite comprar gran parte de las divisas que ingresan por deuda pública y fugarlas a sus cuentas en el exterior.
Es más, gran parte de esa fuga de capitales vuelve como crédito internacional y financia la rotura de los glaciares y la apropiación de nuestro Río Paraná y de sus puertos.
En ese marco de regresiva distribución de ingresos, y al producirse este año subas muy fuertes del precio internacional de los hidrocarburos, metales, minerales y alimentos que exportamos, pero que en el país se venden a la población al mismo precio, se genera una renta extraordinaria a favor de los que se apropian de dichos recursos.
El gobierno, que es funcional a esa generación de renta, que la propicia sin miramientos, que incluso le reduce gravámenes y le crea regímenes especiales, se preocupa por garantizar a los acreedores y financistas que el país va a continuar endeudándose, pero que va a cubrir todos los vencimientos de deuda hasta diciembre 2027.
Sin embargo, el planteo del equipo de economía en la conferencia de prensa mencionada se limitó a la deuda en divisas, descontando que van a poder seguir renovando la deuda en pesos, hecho que no es tan fácil de lograr por varias razones:
a) El total del crédito del sistema financiero local es aproximadamente el 16% del PIB; bien, el 7,5% del PIB financia a la Administración Nacional y el 8,5% del PIB son créditos a las personas y a las empresas.
Títulos en pesos que la Secretaría de Finanzas contabiliza en dólares. En primer lugar, a mayo de 2026 (última fecha de publicación de la deuda pública), los Lecap y Boncap suman 92.685 millones de dólares, pero también deben sumarse los BONTE por 8.068 millones, los BONCER por 105.810 millones, los Bonos Cuasi Par por 12.373 millones, las LETES en pesos por 9.092 millones, y las Letras en pesos y otros instrumentos menores que conforman un total de 240.624 millones de dólares. De este total, el conjunto de entidades autorizadas a funcionar por el BCRA financia en gran parte (deben contemplarse también las operaciones de mercado de valores de todo el país) que, fruto del plan económico vigente, han acrecentado significativamente su cartera de préstamos en mora.
El Informe de la Central de Deudores del Banco Central mostró que la irregularidad en el cumplimiento de obligaciones financieras en empresas era de 1,1% en enero de 2025 y pasó a ser del 3,5% en mayo 2026. Mientras que, en las familias, en julio de 2025 había 4,8 millones de personas con créditos en situación irregular (incluyendo bancos y otros tipos de prestadores); en marzo de este año 2026, ese número alcanzó 6,8 millones: 2 millones de personas entraron en mora en los últimos ocho meses.
Por ende, las entidades del sistema deben priorizar el recupero de los créditos, porque la fortaleza está dada por dicho recupero; de no hacerlo, no van a recibir nuevos depósitos y es el comienzo de la corrida bancaria.
A. ¿A qué tasa le van a prestar los bancos a la Administración Nacional? Obviamente, va a ser cada vez mayor a medida que sigue aumentando la morosidad y el cierre de empresas y el despido de trabajadores (los que pagan financian a los que no cumplen con sus obligaciones). Con lo que se da la paradoja de que reducen el rol del Estado en la inversión y en el gasto, pero lo aumentan sideralmente en la financiación (tanto en pesos como en divisas). El sistema financiero legal acrecienta el crédito al Estado nacional y lo reduce al sector privado. ¿No era que los bancos eran burocráticos porque le prestaban al BCRA sin ningún riesgo? Bien, la "bomba" de las Leliq (que es una patraña y una vergüenza) es bala de fogueo ante la dimensión de la deuda pública actual.
B. De los puntos anteriores queda claro que las entidades financieras tienen como principal cliente a la Administración Nacional, y que, a la vez, la deuda es cada vez mayor y a mayor tasa en términos reales. Sabiendo eso, los bancos y los demás financistas locales del Tesoro de la Nación exigen títulos en dólar linked o al menos duales, para defenderse de la licuación de deuda ante una devaluación, por lo que la deuda en pesos tiende a convertirse en externa.
REFINANCIAMIENTO DE LOS VENCIMIENTOS DE LA DEUDA EXTERNA 2026 Y 2027
Centrado solo en la deuda externa actual, el plan se apoya en una combinación de emisiones locales, préstamos de organismos internacionales, privatizaciones y compras de dólares al Banco Central.
La primera demostración fue el 8 de julio de 2026, cuando debieron pagar el vencimiento de títulos Bonares y Globales (que se constituyen en pesos, pero abonan intereses y el vencimiento del capital en dólares) por 3.200 millones de dólares. Para ello recurrieron al BBVA y Santander, a través de sus sucursales de Nueva York, con garantía del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y del Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA), ambos pertenecientes al Grupo Banco Mundial, por 2.000 millones de dólares, a una tasa del 6,3% anual (pero no dicen cuánto se debe pagar por la garantía). Y otros 1.200 millones de dólares al Deutsche Bank, respaldada por una garantía parcial del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de hasta 550 millones de esa moneda, y a una tasa del 7,7% anual.
Antes, el jueves 3 de julio de 2026, el BCRA anunció la refinanciación hasta el año 2028 de los vencimientos de REPO (crédito a un año de plazo y con fuerte garantía con títulos Bonares disponibles en la cartera del BCRA, y se infiere hasta de las barras de oro giradas al Banco de Londres) por 6.000 millones de dólares, con bancos internacionales (Santander, ICBC, JP Morgan, BBVA y Citi) a una tasa del 7,6% anual.
El cuadro presentado resulta poco creíble por la magnitud de la deuda externa con vencimientos de capital e intereses por 19.200 millones de dólares en el año 2026, cuando el superávit comercial comienza a descender fuertemente en la segunda parte del año y, en los primeros seis meses, la Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos es negativa; las reservas brutas incluyen los dólares de las Cuentas Corriente en divisas de los bancos en el BCRA y los swaps de la República Popular China, por ende el saldo disponible es magro; y, fundamentalmente, porque a la compra de divisas por parte de las personas físicas (el Balance Cambiario del BCRA denomina la Cuenta Personas Humanas) se le suma a partir de este año 2026 la compra de divisas por las empresas extranjeras que giran utilidades a sus casas matrices, con lo que resulta inverosímil que el Tesoro le pueda comprar 6.700 millones de dólares al BCRA.
Y menos que menos que en el corriente año las fuentes superen las erogaciones en 3.700 millones de dólares.
Es obvio que dejan entrever la posibilidad, en algún momento, de tomar deuda en el exterior y hasta de renovar los swaps de moneda con los EE.UU.
Para el año 2027, el gobierno tendría que conseguir 21.200 millones de dólares. 7.900 millones los aportarían organismos multilaterales y bilaterales (incluyendo FMI y otras fuentes de financiamiento por un préstamo bilateral); 5.000 millones vendrían de emisiones en el mercado local, básicamente por refinanciamiento de Bonares; 4.900 millones el Tesoro los compraría al BCRA; 1.800 millones vendrían del rollover del sector público; y 1.500 millones se suman de privatizaciones.
La única medida concreta fue cuando el Secretario de Finanzas, Federico Furiase, aseguró que van a colocar un nuevo BONAR en dólares bajo legislación local, el AO29, por 2.000 millones de dólares, que se suma a los ya colocados AO27 y AO28 por 4.000 millones en esa divisa.
EN SÍNTESIS
La prioridad es demostrar a los bancos y financistas del país y del exterior que pueden pagar. Y pueden hacerlo mediante un fuerte ajuste del gasto público, las menores erogaciones y la quita de subsidios (incluidos los incumplimientos de transferencias por ley), que les permite generar el superávit primario para pagar parte de los intereses de la deuda, y el resto se capitaliza en Lecap y Nocap como lo vienen haciendo.
No hay ninguna ponderación al marco político y social del año 2027, tras un gobierno que no ha trepidado en destruir trabajos de investigación y conocimiento del Estado, y que se hizo aprobar en el artículo primero de la ley 27.798 de Presupuesto General de la Administración Nacional que todo el gasto primario (que son las funciones del Estado) queda supeditado al pago de los intereses de la deuda.
La Argentina, el 26 de junio de 2026, con la firma de Javier Milei y sin pasar por el Congreso de la Nación, se adhirió al Convenio de Pax Silica. Convenio propiciado por los EE.UU. para reforzar las cadenas de suministro de alimentos, minerales, combustible, tecnología relacionada con la inteligencia artificial, etc., en la que los EE.UU. buscan reemplazar la dependencia que tienen con China, y a su vez, limitar la presencia del país asiático en América.
Esa servil condición es la base que permite la refinanciación de los organismos y de los grandes bancos internacionales de crédito; saben que perciben fuertes intereses y que cobran el capital con las empresas públicas y los recursos naturales del país.
Mientras, la degradación de los representantes del pueblo y de las provincias, en una inmensa mayoría, guarda un cobarde silencio.