Con penas y sin tierras
Luego del discurso que realizara Javier Milei en el marco del 1er. año de gobierno, Horacio Rovelli propone extender el análisis para ir un poco más allá de los eslóganes marketineros planteados por el primer mandatario, para poder desentrañar por dónde sigue este programa de ajuste, miseria y dependencia.
“No es casual, está diciendo efectivamente lo que están haciendo: un modelo extractivista para 100 años” explica Rovelli haciendo referencia a algunas de las inversiones que ya se están negociando vía implementación del RIGI.
Es el caso del acuerdo que se trabaja en YPF para la construcción de una terminar portuaria en Rio Negro, que permitiría duplicar las exportaciones de petróleo de Vaca Muerta. Una inversión que, se estima, en unos 2500 millones de dólares y la realizarían entre Vista Oil & Gas, un pool petrolero cuyo presidente es Miguel Galuccio, pero el 80% del capital cotiza en la bolsa de Nueva York, en Manhattan, lo que quiere decir: BlackRock, Vanguard, Fidelity, Pimco, Greylock, entre otros grandes fondos de inversión. El otro es Pan American Energy: la sociedad entre la familia Bulgheroni con British Petroleum. “Esto es solo un ejemplo de lo que es el RIGI y cómo se va a profundizar aún más”, agrega Rovelli.
Asimismo, trae al presente el discurso del vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, en el marco de la presentación del “programa argentino de estabilización: pasando de la demolición controlada a la reconstrucción económica” ante el foro argentino-norteamericano Bussiness Council, allí donde se reúnen las 200 empresas más tradicionales de los Estados Unidos que, además, tienen una profunda relación con la Argentina. “En esa presentación, el propio Werning explicó que se aguardan 54.300 millones de dólares. Ese es el verdadero enemigo” afirma Rovelli.
Asimismo, con la premisa de entregar soberanía, recursos y territorio, el 10 de diciembre el gobierno de Milei se publicó un nuevo decreto de Necesidad y Urgencia. Se trata del DNU 1083/24, que deroga el decreto 805/21 que extendía hasta el 23 de noviembre de 2025 la emergencia para constituir la propiedad y posesión de la tierra habitada por las comunidades originarias, establecida originalmente en la Ley 26.610.
Sin demasiada repercusión en los medios masivos de comunicación, pasó -casi- desapercibida esta medida gravísima que habilita la ejecución de sentencias, actos administrativos o procesales para el desalojo o la desocupación de las tierras -incluso con la intervención de las fuerzas de seguridad.-
El argumento esgrimido en los considerando del DNU es que la extensión habilitada por el decreto 805/21 ya derogado, genera “inseguridad jurídica y grave afectación al derecho de la propiedad de los legítimos dueños, o los derechos de sus arrendatarios o poseedores, en contradicción con el artículo 17 de la Constitución Nacional, así como al derecho de dominio sobre los recursos naturales en favor de las provincias, reconocido en el artículo 124.”
En este sentido, se vuelve a poner la balanza del lado de quienes tienen más poder. Con la normativa impuesta por el Ministerio de Desregulación, Federico Sturzenegger, “las comunidades originarias de nuestro territorio, quedan expuestas ante posibles desalojos de sus tierras ancestrales para entregárselas, sin más, al rey”, afirma Rovelli.